Hace algunas semanas el Partido Acción Nacional (PAN) hizo pública su propuesta entorno a la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, entendido como un conjunto de instituciones coordinadas entre sí para cumplir con políticas en materia de prevención, corrección, combate a la corrupción y promoción de la integridad.
Dicha propuesta constituye, para los tiempos que corren, una buena noticia y muestra de que es indispensable recuperar el debate por encontrar la mejor manera de afrontar y desincentivar las múltiples causas que generan corrupción en nuestra sociedad y paliar los efectos nocivos que los actos corruptos implican para la vida económica, social y cultural de los mexicanos.
Analizando la propuesta del PAN nos damos cuenta de que, en muchos aspectos, es un planteamiento interesante, que involucra no sólo un cambio de leyes y de atribuciones institucionales, sino un rediseño de la forma en que ha de abordarse el combate a la corrupción en nuestro país.
Desde nuestra óptica la propuesta contiene ciertos elementos que si bien no son tan llamativos a la hora de publicitarse, es importante mencionarlos pues creemos que su incorporación y buen funcionamiento pudieran traer aparejado un incremento en la calidad del control interno y externo de la Administración Pública, así como en la lucha contra los actos corruptos en el servicio público mexicano. Tales elementos son los siguientes:
- La recuperación de la Secretaría de la Función Pública como órgano encargado de la mejora de la gestión, el servicio profesional de carrera y otros aspectos sustantivos en la Administración Pública Federal.
- La iniciativa por trabajar en un nuevo marco legal que sustituya las lagunas, incongruencias e inexactitud del existente.
- El entendimiento de que el combate a la corrupción requiere no sólo acciones aisladas, sino el tratamiento de una política pública integral que erradique condiciones y espacios de opacidad, así como grandes ámbitos de impunidad e ineficiencia en las instituciones del país.
- La comprensión de que un Sistema Nacional Anticorrupción no consiste sólo en castigar corruptos, sino en instaurar medidas pertinentes y adecuadas de control, orientadas a la prevención, corrección y desde luego, a la sanción de los sujetos involucrados en conductas corruptas.
- La apertura del Sistema Nacional Anticorrupción a las organizaciones de la sociedad civil que podrán participar opinando, denunciando y desarrollando labores propias de una contraloría ciudadana.
- La profesionalización de los órganos internos de control y –en general- de las funciones de investigación de responsabilidad de los servidores públicos.
- La jurisdiccionalización de los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, propiciando también su profesionalización y eficacia, sin descuidar las garantías jurisdiccionales que deben respetarse en todo procedimiento.
Ahora bien, basándonos en nuestra experiencia, no todo en la propuesta panista nos parece idóneo, hay algunos factores que pudieran no implicar necesariamente una mejora en el régimen de control, responsabilidades y combate a la corrupción. Entre tales factores tenemos:
- Que el Consejo Nacional para la Ética Pública que se propone esté presidido por los principales funcionarios del país (Presidentes de la República, de la Suprema Corte, de la Cámara de Diputados y Senadores, Gobernadores, etc.), quienes en muchas ocasiones han sido severamente cuestionados socialmente y carecen de legitimidad y falta de confianza ciudadana para actuar como líderes éticos.
- Que la investigación de las faltas graves (que pueden constituir un acto de corrupción en el servicio público) continúen a cargo de los órganos de control interno de los entes públicos federales, estatales y municipales, ya que en tales espacios predomina la discrecionalidad, la baja calidad de las investigaciones y la falta de garantías y transparencia en los procedimientos.
- Convertir a la Auditoría Superior de la Federación en un órgano investigador de responsabilidades, lo cual –si bien se entiende por el buen papel auditor que ha desarrollado la ASF- fragmentaría aún más el régimen disciplinario hoy existente al crearse divergencia de competencias y criterios en este tema.
Pese a las posibles debilidades que en el papel de la iniciativa podría tener el Sistema Nacional Anticorrupción propuesto por el PAN, creemos que es indispensable comenzar su debate y discusión, basándonos en los mejores estándares y prácticas a nivel nacional e internacional, sin dejar de considerar que la adopción de un Sistema como el que se plantea sólo tendrá sentido si es insertado dentro de la estructura de un régimen integral de rendición de cuentas que considere aspectos vinculados con los archivos, la transparencia, el acceso a la información, la auditoría, el monitoreo y fiscalización de recursos, además de la imposición de sanciones a servidores públicos corruptos.
En este contexto, la Red por la Rendición de Cuentas –de manera muy clara y puntual- ha hecho un recordatorio al gobierno federal acerca de la necesidad de formular políticas públicas como elemento fundamental que tiene la administración estatal para afrontar los problemas de corrupción que aquejan a nuestra sociedad.
El Programa Especial de Rendición de Cuentas (PERC) presentado por la Red cuenta con una metodología que permitiría crear un compromiso gubernamental hacia los estándares éticos y la conducta responsable de sus integrantes y que al mismo tiempo coadyuvaría en el buen funcionamiento de las instituciones mediante una planeación estratégica y coherente del uso de los recursos públicos.[1]
Es tiempo de retomar los estudios y análisis hechos en esta materia por la academia y los organismos especializados, contribuyendo desde nuestra esfera particular de influencia a generar –por medio de las distintas formas pacíficas de participación y expresión ciudadana- un debate serio y responsable de las propuestas hoy vigentes, insistiendo en que es urgente mover la voluntad de los gobernantes y principales actores políticos en el país para que adopten a la brevedad las medidas y acciones más eficaces en el combate a la corrupción en México.
[1] El Programa Especial de Rendición de Cuentas (PERC) puede consultarse en: http://rendiciondecuentas.org.mx/PERC/
