La casa blanca de nuestro mandatario nacional, ha dejado al descubierto la fragilidad de la transparencia en el entorno de la obra pública. En la actualidad, el acceso a la información a la obra pública ha quedado relegado a una fracción dentro de las obligaciones de transparencia para los sujetos obligados, tanto en la norma federal como en las estatales. Tenemos un vehículo de transparencia que no permite tener acceso a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos en la contratación y ejecución de las obras. Es por esto que los ciudadanos siempre llegamos tarde, tomamos contacto con la obra pública cuando ésta se encuentra con documentos cerrados y definitivos, o ya se contrató o ya fue recepcionada por el ente ejecutor.

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas constituye el instrumento jurídico que reglamenta lo dispuesto en el artículo 134 de nuestra Carta Magna en la materia para atender dos preceptos importantes, primero, asegurar al Estado la transparencia en la contratación y ejecución de todas y cada una de las obras y servicios relacionados con las mismas que lleve a cabo el sector público y, por otra, garantizar que los servidores públicos que interviene en ellas, como los contratistas que participen en los procesos, cuenten con la certeza de que los actos concernientes, se apegaran a los principios de seguridad, legalidad, honradez, igualdad, eficiencia indispensables para el correcto desarrollo de los procedimientos de contratación y ejecución de las obras y servicios.

Desde el gobierno federal hasta los gobiernos municipales, pasando por los estatales, la transparencia en esta información solo ha quedado en formatos simples y escuetos que muestran brochazos de la verdadera obra pública que ejecutan los distintos niveles de gobierno. Actualmente, no hay vinculación de la información con la que cuenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los diferentes fondos y programas que traslada a los gobiernos estatales y municipales. Hoy ofrece un portal llamado transparencia presupuestaria, que si bien es cierto, da a conocer los proyectos y montos autorizados, tan solo hace referencia al avance financiero de las mismas, sobre la manera eficiente de la transferencia y aplicación de los recursos no contiene información. Sin embargo, incita a buscar información a mayor detalle por localidad, municipio y entidad federativa, pero seguramente tropezaremos con la misma piedra.

En la misma tesitura, un gran esfuerzo ha sido el sistema Compranet, una herramienta tecnológica que pretende ceñir a los ejecutores de obras a que publiciten en tiempo real o al menos de manera expedita la información del procedimiento de contratación de las obras. Al igual que el portal de la SHCP, por una parte, adolece de datos que la ciudadanía quiere conocer para involucrarse activamente en su vigilancia y; por otra, tiene ciertos criterios de búsqueda que no son nada amigables para un ciudadano común. Un documento indispensable para conocer la urdimbre de la adjudicación y que no puede consultarse, es el dictamen técnico-económico que da cuenta de la evaluación de las propuestas; es uno de los pasos del procedimiento de contratación más difíciles de llevar a cabo de manera correcta y justa, pero al mismo tiempo, es uno de los pasos más fáciles de manipular si alguien quiere desviar el contrato hacia alguien especifico, llámese los amigos de alguien.

Esta falta de transparencia en la obra pública provoca varios factores de riesgo en las conductas de los servidores públicos, uno de ellos es el sobreprecio; en muchos casos al no publicitar los proyectos, se carece de diseños finales o perfectamente cuantificados lo que abre la posibilidad a los contratistas de definir costos injustificados muy por encima de los precios reales, dando paso a las tajadas ocultas en porcentajes considerables. En consecuencia, se genera otro factor de riesgo, para solventar esta situación se establecen plazos recortados entre la convocatoria y la presentación de ofertas, para que los contratistas no deseados, no tengan tiempo de elaborar sus propuestas y alcanzar el mínimo de participantes. Esto sucedió exactamente con el Tren Rápido a Querétaro, que la Presidencia de la República tuvo que cancelar por obvias razones de riesgo.

Si con esta Ley reglamentaria existen grandes lagunas a nivel federal, nos podemos imaginar lo que sucede a nivel estatal y municipal respecto al sobreprecio y adjudicaciones simuladas. No hay que olvidar que la ahora popular “casa blanca” tiene sus orígenes cuando nuestro actual mandatario nacional era un mandatario estatal. Dicho de otra manera, la casona tiene antecedentes sospechosos de financiamiento de un contratista con adjudicaciones considerables de un gobierno estatal.

Nuestra Ley de obras públicas debe reformarse, al igual que la de transparencia debe tener principios generales. Los recursos autorizados este año a estados y municipios, tan solo del Ramo 23, ascendieron a 123 mil millones de pesos, no es cosa menor. Actualmente lo que está sucediendo con las transferencias a los gobiernos estatales y municipales, es que la licitación pública es la excepción, no la regla. Con el amparo o pretexto de que la federación no les envía los recursos a tiempo, la mayor parte de la obra pública se contrata en el último trimestre o cuatrimestre del año con procedimientos pocos claros y transparentes, bajo el escudo de la urgencia los comprometen con procesos reducidos a su mínima expresión para llegar al último día hábil del año con un documento que ampare el compromiso contraído, no importa si se ejecuta en otro año fiscal. Es apremiante que se defina claramente cuando deben de reintegrarse los recursos, esta indefinición ha generado otro factor de riesgo, la preestimación de los trabajos, que no es más que comprobar los recursos en porcentajes cerrados y no en base a trabajos totalmente terminados.

Estos hechos de sospechosa corrupción hacen repensar los alcances de la ley general de transparencia, que en estos momentos se está sazonando, respecto a la información que se habrá de difundir como mínimo en la contratación de la obra pública, estamos a tiempo de “meter la stillson” para ir cerrando la opacidad en el tema. Hablar de obra pública no es tema menor, o se consolida como el motor del desarrollo, o se refrenda como el incentivo para incrementar el patrimonio de unos cuantos.

*Consejero Consultivo de la COTAIPO

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