Por: Rogelio Gómez Hermosillo
La minuta de la nueva Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha sido aprobada en la Cámara de Diputados. Sin duda será aprobada por el Senado. Falta cuidar el paso final: el nombramiento de los consejeros.
El riesgo está en politizar los nombramientos. Los resultados de la medición de la pobreza volverían a ser cuestionados en su credibilidad y la evaluación de los programas sociales quedaría sujeta a presiones de todo tipo.
La nueva Ley surge de la reforma al artículo 26 de la Constitución que dota al Consejo de autonomía constitucional. Se buscó extraer al Coneval de su relación orgánica con la Sedesol. En un artículo transitorio se estableció un diseño similar a otros organismos. Los consejeros del Coneval se convierten en funcionarios como los consejeros del INE, del INEE, del IFAI. Y con ello, se modificaron los incentivos para los integrantes del Consejo.
De los males, el menos. Para subsanar esta situación, la ley ha generado un diseño institucional un tanto barroco. Habrá ahora dos órganos colegiados: El Consejo General y el Comité Técnico.
El Consejo General, la máxima autoridad del Coneval, está integrado por un presidente y seis consejeros. Tanto el presidente como los consejeros serán nombrados por la Cámara de Diputados. Serán servidores públicos, nombrados por cuatro años (excepto esta primera ocasión para hacer relevos escalonados). Son sujetos de reelección por un periodo más.
Para preservar su carácter académico, la Ley añadió requisitos. El presidente y los consejeros deben ser o haber sido miembros del Sistema Nacional de Investigadores, pertenecer a una institución académica, tener grado de maestría o equivalente y experiencia mínima de 10 años en las materias. Esto es positivo, pero no garantiza imparcialidad.
Además, se crea el Comité Técnico de carácter consultivo. Estará formado también por académicos, que no pasan a ser funcionarios públicos. Su función es apoyar las tareas sustantivas del Coneval: proponer las metodologías para la medición de la pobreza y para la evaluación de los programas sociales. Son nombrados por el Consejo General.
Vale la pena felicitar el esfuerzo de los diputados al intentar salvar el sentido original del Coneval. Ahora deben llevar el proceso a un buen fin. Las recientes reformas han quedado truncadas en el nombramiento politizado de consejeros de estos organismos.
Otra buena medida. La ley ordena dar continuidad a la metodología actual de medición de la pobreza, al menos por 10 años continuos (2018).
Desafortunadamente la pobreza sigue creciendo. Con datos preliminares, sabemos que no ha habido reducción en estos dos años y podría haber un ligero incremento, de acuerdo al Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza de Coneval (http://bit.ly/1xLxzEQ).
El siguiente informe de medición de la pobreza se hará público en julio de 2015 y permitirá ver la evolución de 2012 a 2014. Según esos datos, la pobreza crecerá un poco o por lo menos seguirá igual.
Habrá que tomar nuevas medidas si el gobierno quiere realmente reducir la pobreza. Para ello se requieren los datos duros, sin maquillaje. Esto lo debe garantizar el nuevo Coneval.
Consultor internacional en programas sociales.
@rghermosillo
Fuente: El Universal
