Muchas de las economías más importantes no están actuando para impedir que sus empresas propaguen la corrupción en el mundo, advirtió hoy la organización contra la corrupción Transparency International, en su informe anual que evalúa los avances en la implementación de la convención de la OCDE contra el soborno.

A 15 años de que entró en vigor la convención, solamente cuatro de los 41 países signatarios investigan y juzgan activamente a empresas que se abusan de la confianza de los contribuyentes al sobornar a funcionarios extranjeros para conseguir la adjudicación de contratos o incrementar artificialmente su valor, o para obtener licencias y concesiones. Cinco países fueron clasificados en la categoría de aplicación moderada, mientras que en otros ocho se determinó que la implementación era limitada.

“Para que la convención contra el soborno propicie un cambio fundamental en el modo en que operan las empresas, necesitamos que una mayoría de los principales exportadores la apliquen asiduamente, de modo que los demás países se sientan obligados a hacer lo mismo”, indicó el nuevo presidente de Transparency International, José Ugaz. “Lamentablemente, estamos muy lejos de ese punto de inflexión, y eso implica que la aspiración de un contexto de comercio global libre de corrupción todavía no está en el horizonte”.

De los países que son parte en la Convención de la OCDE, 22 están haciendo poco o directamente nada en términos de aplicación. Esos 22 países representan el 27 por ciento de las exportaciones mundiales. Transparency International indicó que el nivel de aplicación es bajo debido a que los investigadores no cuentan con suficiente respaldo político para poder perseguir a grandes empresas, especialmente cuando los intereses económicos nacionales se imponen por sobre los compromisos contra la corrupción. A menudo tampoco tienen los recursos para investigar complejos delitos de guante blanco.

Los gobiernos deben impedir que la titularidad de empresas sea secreta

Una de las causas por las cuales el soborno transnacional es tan frecuente en las operaciones comerciales internacionales —a pesar de estar prohibido— es que los investigadores no tienen los recursos para desentrañar las complejas técnicas de lavado de dinero que se emplean progresivamente para ocultar pactos de soborno, señaló Transparency International.

Cada vez es más común que los tratos corruptos se encubran detrás de sofisticadas empresas ficticias cuyo verdadero beneficiario final es desconocido, incluso para las autoridades.

La OCDE debe ayudar a las autoridades a trabajar en colaboración de manera transfronteriza para que puedan responder a la dimensión cada vez más internacional del delito, observó Transparency International. La organización contra la corrupción reiteró además su reclamo de que la UE y el G20 tomen recaudos para garantizar que se publique información sobre beneficiarios finales en los registros públicos societarios.

“Quince años deberían haber sido tiempo suficiente para hacer cumplir estos compromisos. La OCDE ha trabajado arduamente para que la convención se convierta en una herramienta potente y ha impulsado a los gobiernos a adoptar leyes rigurosas. Ahora debe asegurarse de que las autoridades de aplicación cuenten con todo el apoyo que necesitan para hacer frente al poder cada vez más amplio de las redes de delincuencia transnacional”, indicó Ugaz.

La Convención fue adoptada en 1997 y entró en vigor el 15 de febrero de 1999.

Los cuatro principales países responsables de su aplicación (Alemania, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos) concluyeron 225 casos e iniciaron 57 nuevos de 2010 a 2013. Los otros 35 países completaron 20 e iniciaron 53. En 23 países no se han iniciado acciones penales en ningún caso de corrupción transnacional a gran escala en el que hayan estado implicadas empresas durante los últimos cuatro años.

Canadá es el único país que ha mostrado adelantos significativos desde el informe del año pasado, y ha mejorado sustancialmente su legislación en materia de soborno transnacional e iniciado varias investigaciones.

Nueve de los 20 países con menor nivel de corrupción en el sector público están haciendo poco o prácticamente nada para asegurar que sus sociedades cumplan los mismos estándares en el extranjero, y se permite así que contribuyan a agravar la corrupción en el sector público en otros sitios.

Nueve de los países del G20 se ubican en categorías correspondientes a un nivel de cumplimiento bajo o nulo, lo cual implica que no están cumpliendo los objetivos estipulados en el plan de acción contra la corrupción del G20.

Fuente: Transparency