No tiene una fecha clara de inicio, mucho menos de conclusión, sin embargo es incuestionable que México atraviesa por uno de los períodos más amargos de su  historia.
Un régimen de derechos ha sido una utopía tanto para los del movimiento del 68, como para quienes (sobre)vivieron la llamada “guerra sucia” allá por la década de los años setenta. Lo fue también pensar siquiera en derechos económicos y sociales para quienes batallaron en la “década perdida” de los ochenta y los que soñaron con la alternancia como la democrática solución mágica a todos nuestros problemas, allá en los noventa.
En todos estos años de alternancias pasamos de la “dictadura perfecta” a un régimen de “democracia simulada” en el que decide una minoría favorecida, donde el sistema económico, político y social es profundamente discriminatorio, evocando prácticamente a un sistema de castas donde para los más desafortunados la movilidad social es simplemente imposible; un régimen donde las instituciones funcionan solamente para las élites, donde la justicia es selectiva, donde los más pobres -a veces- sobreviven. (Ver “Los Nadies” de Eduardo Galeano).
El caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa es un claro ejemplo de lo podrido que está nuestro sistema, de lo vacío que está el discurso de los derechos humanos y todo su entramado institucional.
Hace poco hablábamos alarmados de la matanza de San Fernando, la de Aguas Blancas, de Ocoyuca, de Acteal, de Tlatlaya, de la guerra contra el narcotráfico y la ausencia de controles, de la impunidad generalizada y el contrastante discurso de las autoridades.

Ahora, con los hechos (y las dudas) en la opinión pública, con las fosas clandestinas equivocadas y a la vista, con las evaluaciones de control de confianza realmente en la basura de credibilidad, con narco-alcaldes, narco-primeras damas y distinguidos  narco-militantes de los partidos políticos en la lista por acceder al poder, ese tradicional discurso de las autoridades está más que vacío.
¿Cuántas fosas clandestinas existen en nuestro país? Nunca lo sabremos. ¿Cuántos cementerios clandestinos esparcidos en sierra, desierto, llanuras, lagos y ríos?

La década negra

Como le decía, no se sabe cuándo empezó. Existen analistas que aseveran que el ‘status quo’ en el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos se alteró a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre. La consecuencia lógica del cierre de las fronteras del principal país consumidor de drogas generó mayor consumo interno en nuestro país, acostumbrado a ser de paso,  y con ello nuevas dinámicas del crimen.
Sin embargo, fue Felipe Calderón y su “guerra contra las drogas” que formaliza la crisis del crimen organizado y el inicio del crimen desorganizado, aunque  más poderoso que nunca, fragmentado en micro-carteles con sobradas capacidades, con múltiples líderes y cruentas batallas por pequeños territorios. Un fenómeno complejo de atacar.
Con el paso del tiempo conoceremos con mayor precisión su inicio y final, pero esa “década negra” se caracteriza por las peores desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, violaciones, tortura y brutalidad extrema, detenciones ilegales, comunidades desplazadas por la violencia, ciudadanos organizándose en “autodefensas” ante la ausencia de gobierno, secuestros y muchas otras violaciones graves a los derechos humanos cometidas tanto por agentes del estado mexicano como por civiles armados.

En medio de ese conjunto extremo de “mini-guerras” queda la población civil mexicana, aprisionada y violentada sí, pero acostumbrada a una narco-sociedad cómplice en los hechos. Víctimas pero cómplices en el día a día.
En sí, este clima bélico es habilitado la corrupción generalizada, la impunidad y la simulación,  elementos clave para que las cosas hayan llegado hasta estos puntos.
¿Cuánto más tardará el Gobierno Federal en resolver el caso de los normalistas? ¿a quién se le hará responsable? ¿Cuándo dará resultados la fiscalía especializada? ¿cuántas fosas clandestinas tendremos a la vuelta de la esquina? ¿cuándo tocará fondo esta crisis nacional? ¿qué acciones tomarán los partidos políticos para evitar narco-militantes? ¿cómo garantizarán que no habrá recursos ilícitos en las campañas? ¿qué aporta nuestro costoso sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos? ¿qué hacen nuestros Ombudsman para defender nuestros derechos? ¿qué aportan?
Demasiadas preguntas… pocas respuestas.
¡Hasta la próxima!

Fuente: El Imparcial