Además de la riqueza que aportan los grupos originarios al legado cultural de un país, es preciso recordar que la población indígena se conforma
de mujeres y hombres que participan activa y cotidianamente en la construcción del desarrollo económico y social de la nación.
En México, sin embargo, la serie de desventajas sociales que las y los indígenas acumulan como resultado de procesos sistemáticos de exclusión
y discriminación limitan sus oportunidades de participación en espacios críticos del desarrollo, como la educación, la salud o el mercado de trabajo formal. Ello profundiza a tal grado su situación de precariedad que la transmisión de ésta entre generaciones pareciera haberse vuelto normal, tanto como la brecha histórica de desigualdad que aleja a la población indígena de la que no lo es.
En este sentido, es claro que el reconocimiento de la pluralidad cultural que nos caracteriza como país debe ir acompañado de las condiciones
necesarias para que todo individuo, sin distinciones de ninguna naturaleza, ejerza plenamente los derechos sociales que le corresponden.
La medición de la pobreza que lleva a cabo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en cumplimiento
del mandato establecido en la Ley General de Desarrollo Social, se ha construido sobre un enfoque de derechos humanos que observa sus principios de universalidad, indisolubilidad e interdependencia, al tiempo que permite identificar la ausencia de elementos necesarios
para acceder a dimensiones específicas del desarrollo, a saber, el ingreso, la educación, la salud, la seguridad social, condiciones dignas de vivienda y la alimentación.
