Esta es la primera vez que el presidente Peña Nieto envía una iniciativa de ley para trámite preferente. Se trata de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual deberá discutirse y dictaminarse en un plazo no mayor de un mes en cada una de las Cámaras del Congreso Federal.

El mensaje está claro, hay una declarada voluntad del gobierno para darle prioridad al tema de la protección de los menores y difícilmente alguien podría estar en contra de que el trabajo parlamentario atienda con diligencia esta iniciativa de reforma legal, justamente porque se trata de una población particularmente vulnerable. Además, desde el 2000, en que se publicó la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, quedó claro que una ley federal no podía distribuir competencias entre los distintos niveles de gobierno para dotar de un marco de protección integral y homogéneo, que es justamente lo que se persigue con esta ley general.

No hay duda de que las acciones del Estado en esta materia han sido insatisfactorios, como reza la propia exposición de motivos de la iniciativa. Los escándalos recientes de maltrato y abusos a los menores como el del centro de atención infantil La Gran Familia de Mama Rosa, o los de la violencia creciente en las escuelas, o el abandono y daño de que son objeto los niños migrantes no acompañados, son sólo la punta más visible y dramática de problemas estructurales por una actuación deficiente del Estado mexicano en este tema.

La iniciativa preferente tiene planteamientos muy encomiables, en particular el de establecer el concepto de la “protección activa del Estado en favor de la niñez”, es decir que no se supeditará la protección de los derechos de los menores a reclamos de quienes tienen su tutela, sino que serán las autoridades en los tres niveles de gobierno quienes verifiquen y garanticen la prevalencia de dichos derechos. Este objetivo busca alinear nuestra legislación con los 11 diferentes tratados internacionales que México tiene firmados y respecto de los cuales seguimos en deuda.

Es también positivo que se prevea la creación de una Procuraduría Federal de Protección para los menores y su correspondiente en las entidades federativas para desarrollar labores de asesoría y de defensa, denunciar actos delictivos y supervisar e inspeccionar a las instancias de asistencia social, entre otras. También se instituirá un Sistema Nacional de Protección para diseñar programas y políticas de atención y protección integrales que surjan de la colaboración entre los tres niveles de gobierno, con la representación de organizaciones sociales.

Sin embargo, alcanzo a ver limitaciones importantes en la iniciativa preferente, en primer lugar que se recrea la tradicional visión asistencialista que ha caracterizado a las políticas de protección a infantes y adolescentes y mucho se ha insistido en dar un salto para garantizar que la protección que ofrezca el Estado derive en el desarrollo efectivo de las potencialidades de dicha población.

Hay un problema más en la iniciativa porque se prevé un impacto presupuestal de “cero” pesos para la implementación de las Procuradurías de Protección y no resulta viable que se puedan desarrollar con los recursos actuales.

A pesar de que esta iniciativa preferente impactará a cerca de 40 millones de menores y que la participación de las organizaciones sociales en este campo es muy elevada, pues financian 7 de cada 10 albergues y programas para infancia en dificultad, no se solicitó su participación en el diseño del proyecto. Este es quizás la mayor deficiencia de esta iniciativa, pues seguimos sin apostar a un modelo de políticas públicas “por diseño”, es decir, uno que desde su concepción y elaboración incorpore la voz de la sociedad civil involucrada y experimentada.

Fuente: El Universal