La corrupción en México es uno de los factores que detiene el crecimiento económico y no es una situación de índole cultural, sino un lastre del antiguo régimen político que mantiene atado el desarrollo del país y coopta a la clase política, sostiene Edna Jaime Treviño, directora general de México Evalúa, centro de análisis de políticas públicas.

En entrevista con Excélsior, afirma que hoy no se ve que dentro de las prioridades del gobierno federal esté el combate a la corrupción, aunque considera esta tarea como impostergable si se quiere que las reformas estructurales reditúen beneficios a la población y al país.

Dice que la estrategia para combatirla tiene que venir de la sociedad organizada, pero con el respaldo del sector político para que con leyes se le sancione eficazmente, por lo cual se requiere que los órganos fiscalizadores sean totalmente autónomos.

—¿Cuáles son las causas de la corrupción en México? ¿Es un problema cultural?

—El problema de la corrupción tiene muchos orígenes. Me parece que el que sea grave en el país tiene que ver con nuestro pasado político. Nuestro viejo régimen tenía a la corrupción como moneda de cambio. Era parte del arreglo. Había control, uno muy vertical, había disciplina y a cambio de eso había un intercambio, el cargo público como una manera de tener rentas indebidas, era parte de esta máquina que funcionaba y se aceitaba por ello.

“Es un problema que nos ha acompañado por mucho tiempo, lo que no quiere decir que no se pueda resolver. Si el Estado mexicano tuviera los instrumentos, los mecanismos para prevenirla, detectarla y sancionarla, podríamos si no resolverlo completamente sí reducirlo a una expresión manejable.

“La perspectiva de México Evalúa es que nosotros creemos que hay que generar capacidades institucionales en el Estado para prevenirla, controlarla y sancionarla. Y en el Estado actual ni la prevenimos ni la detectamos oportunamente y tampoco la sancionamos. Entonces debemos plantear un agenda de cambios institucionales para fortalecer los controles anticorrupción del Estado mexicano.”

—¿Es más importante el andamiaje legal para vencer a la corrupción? Por ejemplo, en Estados Unidos, por las leyes, los mexicanos no incurren en tantos actos de corrupción como en México…

—Se requiere un andamiaje legal para prevenirla, para crear consecuencias para quien viole la ley. El ejemplo es muy elocuente: un mexicano que cruza la frontera no es un mexicano que le cambiemos su manera de pensar; simplemente cuando cruza la frontera sabe y reconoce una consecuencia a la infracción de la ley. De nuestro lado sabemos que infringir la ley no tiene consecuencias y eso crea comportamientos muy distintos.

—¿Quiénes participan en la cadena de corrupción? Empresarios, funcionarios, ciudadanos, ¿todos se benefician, les reditúa algo o el ciudadano es víctima?

—En el corto plazo, si un ciudadano se pasa un alto, con una mordida lo dejan ir, le está redituando en el corto plazo. Es un sistema que a todos les da, pero que en el agregado nos quita a todos, de manera muy patente. Me parece que la potencia de las políticas públicas se ve mermada justamente por el fenómeno de la corrupción. No tenemos cuantificado el fenómeno justamente por ser oculto, pero podemos hablar de casos muy concretos donde la corrupción está mermando la efectividad de las políticas públicas, la eficacia del Estado. Y puede estar también detrás del bajo desempeño de nuestra economía, pues México no logra dar el salto porque sus políticas públicas se debilitan por la corrupción, y todos participamos en el tema, y en casos donde claramente pueden verse afectados particulares.

—¿De dónde tiene que venir este esquema para enfrentar y frenar la corrupción? ¿de los políticos, de la sociedad civil? ¿Ésta está débil?

—De ninguna manera, yo creo que las organizaciones de la sociedad civil tenemos instrumentos que no teníamos antes. Me parece que se ha emparejado mucho la cancha. Antes había una asimetría enorme entre las capacidades de los gobiernos y las capacidades de organizaciones de la sociedad civil. Siempre va a existir esa asimetría. No son comparables los recursos de la administración pública con los de la sociedad civil, pero creo que hemos generado capacidad de análisis, capacidad para hacer contrapeso. Me parece que tenemos instrumentos que no teníamos antes, como las redes sociales, instrumentos que democratizan. Yo creo que es un buen momento para la organización de la sociedad civil y por supuesto que podemos encabezar esta agenda.

“Creo que un punto de quiebre va a ser cuando el estado de cosas sea tan costoso que a los políticos les convenga cambiarlo. ¿A que me refiero? Este país está creciendo por debajo de lo estimado. Va a tener que asumirlo el Presidente, asumir que hay un problema en el ejercicio del gasto y tendrá que resolverlo si quiere que su administración sea exitosa, si quiere que sus reformas lleguen a buen puerto; entonces llegamos al punto que la corrupción en este país está siendo tan costosa que vamos a tener que hacer algo pronto. Y la clase política, los tomadores de decisión, tienen que tomar cartas en el asunto.”

—¿Cuánto dinero se pierde con la corrupción?, ¿cómo controlar esto?

—Estamos muy lejos de tener una buena cuantificación; los datos duros no existen, por definición. En todo el proceso de rendición de cuentas hay fracturas, y por ahí se nos cuela la corrupción, por ahí se nos cuela la posibilidad de sancionarla. La Auditoría Superior de la Federación llega tarde, trabaja con el principio de posteridad, esto significa que tiene que concluir el ejercicio fiscal; Hacienda prepara su cuenta pública y se la hace llegar, y la Auditoría entrega la revisión de la cuenta pública con un gran rezago. La buena práctica internacional es que la cuenta pública está auditada a los seis meses siguientes a que concluye el ejercicio. Aquí es año y medio.

“Creo que hay muchas cosas qué transformar, el marco legal, las instituciones de nuestro sistema anticorrupción, la manera en que se comunican entre ellas.”

—Pero México Evalúa sí pudo determinar cuánto se pierde por actos de corrupción y duplicidad de plazas en la nomina magisterial.

—Éste es un ejemplo muy tangible de lo que es la corrupción. El censo educativo se inscribe en la Reforma Educativa y tiene como propósito tener los insumos básicos para conocer bien al sistema educativo mexicano y para poder formular buenas políticas públicas. Un análisis de este censo indica que personal comisionado con licencia en nuestro sistema educativo básico tenemos 30 mil; aviadores, personas que nadie conoce, se cobra un sueldo, pero no se ejerce la función, 39 mil; jubilados, renunciados y fallecidos que siguen cobrando son 114 mil. De estas categorías de irregularidades hacemos un estimado de 16 mil millones de pesos en un año; 26% de la nómina magisterial está en una situación irregular y puede representar 51 mdp.

—¿Por qué existe la percepción de que no se castiga a los funcionarios corruptos ni a los empresarios ni a los ciudadanos corruptos?

—Porque de hecho no se castiga. Es una percepción que tiene sustento en la realidad. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública podría respondernos con expedientes y nos diría: hemos sancionado como nunca a funcionarios, hemos impuesto sanciones administrativas, inhabilitaciones y nos pueden dar una larga lista de personas. Desafortunadamente me parece que castigan más a quien mete la pata que a que quien mete la mano.

—¿Cuál es la solución?

—Tenemos que dar autonomía a los órganos anticorrupción y también dotarlos de la capacidad para que investiguen bien. Está previsto en la Reforma Política la creación de un fiscal anticorrupción. Claro que la autonomía de esta fiscalía arranca en 2018, entonces estos años yo veo mucha fragilidad en los controles anticorrupción y creo que va a terminar trabajando en contra del Presidente y de su proyecto. Una corrupción sin control afecta la gestión del Presidente.

—¿Qué responsabilidad tiene el ciudadano en el combate a la corrupción?

—Yo creo que las cosas están hechas para que el ciudadano no tenga alternativa, me parece que no tiene los instrumentos para hacer denuncias y que las denuncias tengan efecto y se proteja al denunciante. Me parece que está en una desventaja terrible. Creo que las organizaciones civiles que trabajamos el tema podemos impulsarlo. El ciudadano atomizado es difícil. El ciudadano organizado pesa diferente, haciendo contraloría social, es fundamental, pero aún estamos lejos de eso.

—¿Hay cura para la corrupción?

—Yo creo que si hubiera voluntad, si hubiera un buen mapa, un buen diagnóstico, podría ser en el lapso de unos años, un sexenio. Es imposible erradicarla completamente, pero podemos controlarla. Necesitamos que los políticos se amarren las manos, que reconozcan que está siendo muy costoso; eliminar los incentivos a la corrupción. Nuestras campañas políticas son carísimas y el dinero extralegal en las campañas es infinitamente mayor. Tenemos que tener un buen diagnóstico de cómo fortalecer nuestros controles anticorrupción y la verdad es que lo podemos hacer. Es un tema político quererlo hacer.

Fuente: Excélsior