La presente publicación resulta de la sistematización de un largo proceso de trabajo de seis organizaciones de la sociedad civil que durante los útlimos tres añpos han dado seguimiento a un caso lleno de irregularidades: el recorte de 30 millones de pesos del presupuesto público etiquetado para combatir el VIH-SIDA, para asignarlo al Comité Nacional Provida, que lo gastó irregularmente.