En estricto, cosa que no me limita para escribir la presente reflexión, no conozco la trayectoria de ninguna de las aspirantes a nueva Comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, (INFODF). A lo mucho puedo decir que sigo y me sigue en twitter Gabriela Montes.

De hecho mi interés es resaltar el proceso de designación a partir de lo que se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF) y lo que ello significa comparativamente hablando respecto a sus pares en otras entidades federativas. Precisamente porque con la eventual emisión de una Ley General en la materia, el caso del DF es referente obligado.

Primero en el sentido de homogeneizar la denominación de estos órganos. Que en algunos casos son Comisiones y otros Institutos. Mi punto de vista es que deben ser Institutos si partimos de que son creados a partir de leyes específicas.

Y luego también homogeneizar la denominación de sus titulares. Igual en algunos lados son Comisionados y en otros Consejeros. Opino que deben ser Comisionados, pero sin el apellido de “ciudadanos” que tienen en el DF. Término que resulta ya a estas alturas hipócrita en el sentido de que sean “apartidistas”, casi casi como un signo de pureza y no de tanto de imparcialidad.

Esto último porque tal como está señalado el artículo 66 de la LTAIPDF, resulta hasta un pleonasmo que se diga que son “Comisionados Ciudadanos, representantes de la sociedad civil”. No quiero ofender a mis amigos Comisionados del INFODF, pero dudo que la gente de a pie crea eso.

Bueno, pero el caso es que la Asamblea Legislativa del DF, tiene avanzado ya el proceso de designación del nuevo Comisionado, que tiene que ser mujer, gracias a la reforma a la fracción IV del artículo citado, de marzo del presente año, que dice que “En la conformación del Pleno del Instituto se garantizará que exista equidad de género, por lo que deberá conformarse de al menos un cuarenta por ciento de comisionados ciudadanos de un género distinto al de la mayoría;”

Hay que recordar que en la última designación, lamentablemente se nombró a puros hombres mostrando una incongruencia importante si entendemos que en muchos temas el DF es vanguardia.

Para nadie es extraño que el DF, como principal ciudad del sistema urbano (macrocefálico le han llamado algunos) de nuestro país, es históricamente no sólo la concentración poblacional más importante, sino también la concentración de recursos económicos, políticos, sociales, educativos y culturales; lo que en teoría la hace la más avanzada.

En otra ocasión he escrito en esta misma columna que “dicha importancia se debe en buena medida a que desafortunadamente la capital del país sigue siendo ejemplo de la prevalencia del centralismo que caracterizó al antiguo régimen, el Priato. Cuestión que no desmerece en nada el trabajo del propio INFODF. Pero sí influye el hecho de que la Ciudad de México sigue concentrando políticamente los avances más significativos del tortuoso proceso de democratización de nuestra sociedad mexicana.”

Y al momento lo que tenemos es ya una terna sugerida por un Comité de tres expertos entre los que está Lulú Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas. Comité que desde luego no considera la ley, por lo que su veredicto, no es vinculante, como ya nos han acostumbrado nuestros legisladores; es decir no es obligatorio legalmente que de entre Rosa María Bárcenas, Gabriela Montes y Elsa Bibiana Peralta, designen a la Comisionada. Aunque si así lo hicieran, considero tal designación además tendría un alto grado de legitimidad.

Primero porque se respeta la opinión de los expertos que han calificado a las mejores aspirantes como las más aptas. Y segundo porque tal legitimidad viene directamente de un ejercicio pleno de transparencia en el proceso legislativo. Apuesto a que así lo haga la Asamblea si tomo como antecedente el nombramiento de la actual Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF, la Dra. Perla Gómez Gallardo.

Situaciones como la ocurrida en la designación de Eugenio Monterrey (no cuestiono su capacidad, conocimiento del tema y mucho menos la legalidad de su nombramiento) en el pleno del IFAI, no ayudan mucho. En Tlaxcala se llegó a cuestionar en el procedimiento correspondiente al 2010, que el veredicto del jurado, en el que estuvo por cierto Oscar Guerra, se había alterado; lo que hizo no sólo que los que se consideraron afectados procedieran jurídicamente, sino que manchó la legitimidad (no la legalidad) del nombramiento.

Y dicha legitimidad, por decirlo con moderación, parece ser algo que no les preocupa mucho a nuestros legisladores en todo el país, cosa que muestra en uno de sus apartados el INOGDAI, presentado a principios de año por Artículo 19.

Qué importante será para nuestro lento avance democrático que cada vez tengamos más ejemplos de procesos transparentes de designación de estos funcionarios y dejemos atrás los tiempos de la opacidad en los mismos.

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