Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dará a conocer la resolución acerca de un amparo que bajo la firma del #YoContribuyente respaldan al día de hoy 5,019 ciudadanos que no exigen otra cosa más que ejercer el interés legítimo de transparentar el uso del dinero público, con rendición de cuentas, bajo un régimen fiscal justo. Este régimen sería uno que no sólo persigue a los pequeños contribuyentes exhibiéndolos en listas públicas sino que da cuenta, por igual, de pagos morosos y condonaciones y más cuando se trata de entes públicos. (http://imco.org.mx/
Si esto sucede, se estaría reconociendo el valor de la última reforma a la Ley de Amparo la cual reconoció el derecho de cualquier persona a tramitar un amparo siempre que exista un interés legítimo, es decir, siempre que haya forma de argumentar que lo que está en juego es un tema que toca el bien público y los intereses de la ciudadanía. El amparo de #YoContribuyente promovido por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), argumenta el derecho a conocer el destino de las contribuciones al gasto público puesto que en 2013 el artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación eximió a gobiernos estatales y municipales del cumplimiento de sus obligaciones tributarias en el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) que retuvieron/retengan a sus empleados. Esta condonación fue decretada de manera discrecional por el Congreso en montos equivalente al 60% para el 2013 y al 30% para el 2014 además de que de un plumazo, los diputados incluyeron la condonación total de adeudos fiscales correspondientes a los años 2012 y anteriores.
Este caso exhibe las inconsistencias de un gobierno que por un lado se empeña en mejorar los mecanismos de fiscalización y de contabilidad gubernamental pero por el otro no genera los procedimientos necesarios para que el manejo y asignación de los recursos de la hacienda pública cumplan con los principios de transparencia, eficacia, eficiencia, economía y honradez.
Además #YoContribuyente pone sobre la mesa una exigencia, dos veces reconocida y fortalecida por resoluciones del IFAI, de transparentar los nombres de personas y gobiernos que se ven beneficiados por perdones fiscales. La SCJN tiene en sus manos la posibilidad de sentar un precedente mediante el cual se abra la información y se obligue a las autoridades a rendir cuentas pero sobre todo a ser congruentes con las exigencias a los contribuyentes.
