Los archivos forman parte del sistema de rendición de cuentas, por lo que su preservación y el impulso de la profesionalización de los involucrados en ello retoman gran importancia en el fortalecimiento de acceso a la información, señaló Luis Emilio Giménez Cacho, coordinador de Asesores del Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, en la mesa de reflexión “Hacia un Sistema Nacional de Archivos y Rendición de Cuentas” en el marco del primer día del Foro “Principios rectores y bases para una Ley General de Archivos”, realizado en la sede del Archivo  General de la Nación; advirtiendo que el derecho de acceso a la información sin archivos, es poco menos que letra muerta.

En el caso de los partidos políticos, las reformas electorales de 2008, les brindaron un amplio marco legislativo para que construyeran un gran sistema público de archivos, lo que les brindaría legitimidad al hacerlos transparentes, pues todos los documentos en posesión de ellos, deben tener esta característica, abundó Giménez Cacho.

“Esto va a modificar las malas prácticas en esta materia; la deficiencia partidista reflejada en las respuestas de inexistencia de la información son muestra de la poca organización y compromiso de sus bases”, reconoció.

Finalmente, indicó que la Ley General de Archivos debe ser congruente e incluya todas las obligaciones de los partidos políticos.

Agustín Millán, Coordinador de Información, Documentación y Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló que la reciente reforma constitucional en materia de transparencia, es un parteaguas e impulsor de las bases para una nueva ley de archivos, por lo que los institutos involucrados en la materia deben trabajar en conjunto para lograr un sistema integral de rendición de cuentas.

Explicó que las unidades de archivos es un tema rezagado en todos los niveles, por lo que desde el gobierno federal hasta el municipal deben buscar el rescate patrimonial de los documentos públicos.

Finalmente, la senadora Marcela Torres Peimbert indicó aún estamos a tiempo para discutir las bases jurídicas, sociales y administrativas para la creación de la ley general que establezca la administración de los archivos del país, no obstante han transcurridos cuatro meses de que se diera el plazo la legislación marca para expedirla.

Su creación debe armonizar las leyes y reglamentos de los estados, con el fin de crear un sistema básico y estandarizado que dicte reglas mínimas de funcionamiento, concluyó.