A nivel mundial, uno de los enfoques teóricos que ha ido ganando terreno, ante la opinión pública y en la gestión gubernamental, es la concepción del ciudadano como principal cliente del Estado, quien deberá basar su acción en resultados más que en procesos, y atender las necesidades sociales con eficacia, eficiencia y economía. Esto representa un avance sustancial en términos de un ejercicio más democrático del poder.
Esta concepción presupone que en cada ciudadano hay un sujeto activo que busca posicionarse ante la autoridad como un interlocutor válido, con una opinión sustentada, propuestas viables y capacidad crítica ante el desempeño del gobierno. De hecho, buena parte de la opinión pública gira en torno a esta línea argumental al reclamar constantemente de las autoridades, soluciones concretas a asuntos específicos.
Para cualquier entidad pública esta demanda representa un reto que debe ser enfocado desde una visión amplia y totalizadora que equilibre intereses particulares y bien público, y se sujete al marco institucional y normativo que rige su actuación.
Al mismo tiempo, existe un distanciamiento entre una parte de la ciudadanía y los asuntos públicos, dado que no pueden establecer una relación clara entre las decisiones gubernamentales y sus preocupaciones cotidianas.
La participación y el distanciamiento pueden ser conciliados, creando espacios para quienes son indiferentes y, al mismo tiempo, canalicen la voluntad de aquellos que buscan influir en la toma de decisiones que determinan el rumbo de la Nación, todo ello bajo las reglas institucionales del Estado mexicano.
En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, hemos podido constatar que existe un potencial de participación efectiva de la ciudadanía en tanto beneficiaria de programas y políticas públicas y puede ofrecer, de manera directa al ente auditor, una perspectiva que va más allá del registro contable o programático.
Ante esta realidad y después de un análisis riguroso, la Auditoría Superior de la Federación ha definido estrategias de acercamiento con el ciudadano a través de distintos instrumentos como el programa ASF Niños, la emisión de resúmenes de auditoría simplificados, la divulgación de la Guía Ciudadana sobre la ASF, y el lanzamiento del Sistema Público de Consulta de Auditoría en su página de Internet.
En cuanto al campo de la labor auditora propiamente dicha, hemos decidido complementar la fiscalización que llevamos a cabo en los sectores educación, salud y seguridad, con la implementación de un esquema similar a lo que se conoce como auditoría social.
Este programa busca que los ciudadanos se conviertan en auditores de los programas de los que ellos mismos o miembros de sus familias sean beneficiarios. Sin embargo, se requiere que la información que suministren a la ASF cuente con un estándar de calidad y que sean verificables, con el fin de hacerlos compatibles con el perfil técnico institucional. Estamos en la etapa de desarrollo de este esquema y esperamos rinda frutos en las próximas revisiones de la Cuenta Pública.
La participación ciudadana per se no es una condición suficiente que garantice la democratización gubernamental; se requiere un enfoque específico, un marco de actuación claro y un compromiso de todas las partes involucradas para que este ejercicio tenga un impacto real en favor de la satisfacción de las demandas ciudadanas.
El proyecto de auditoría social es una búsqueda de comunicación efectiva, de colaboración directa; es una manera de generar confianza en la cosa pública.
Fuente: El Universal
