En mayo de 2013, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) y la Universidad de Guadalajara, a través de su Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA-UdG) dieron a conocer el estudio Auditorías Superiores Locales en México: evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia2. El estudio hizo evidente las deficiencias de los ordenamientos jurídicos de la fiscalización superior de los estados de la República y del Distrito Federal, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2012.
Los 32 ordenamientos jurídicos que regulan cómo se fiscaliza el gasto público fueron analizados, comparados y evaluados. Se midió su calidad para saber si pueden ser considerados como bases jurídicas adecuadas para sustentar la rendición de cuentas de la gestión financiera en el ámbito subnacional de México. En total, se revisaron 192 cuerpos normativos (constituciones políticas, leyes y reglamentos)3 y se obtuvieron 1,120 datos para poder calificar el ordenamiento jurídico. El promedio nacional, en una escala de 0 a 100, en la cual 100 es calificación más alta, fue de 78.30.
Aunque se evaluaron varias leyes de cada Entidad Federativa, la ley especial de la materia es la de fiscalización superior o su equivalente4. Por ello, el IMCO y el CUCEA-UdG decidieron redactar una Ley Modelo que guie las reformas legislativas de la materia e incorpore las mejores prácticas internacionales y nacionales para que pueda cumplirse el objetivo de toda buena ley: ordenar conductas, actos y procedimientos, a través de normas claras, precisas y coherentes que generen la seguridad jurídica que requiere la fiscalización superior de la gestión financiera de los entes públicos.
