La violencia y la inseguridad en nuestro país han vuelto a ocupar el centro de las preocupaciones públicas y al igual que en otros campos de la vida social, la apuesta del gobierno para combatirlas parece cifrarse en inyectarles mayores recursos, sin considerar que más dinero no redunda mecánicamente en políticas públicas eficaces. Sólo en el rubro de “subsidios en seguridad pública en entidades federativas y municipios”, en el último año el presupuesto se incrementó de $1,800 millones de pesos a $4,733 millones.
Para ilustrar esta afirmación, vale la pena revisar el más reciente Informe de fiscalización que presentó la Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública del 2012 en materia de seguridad, cuyo presupuesto fue de 85 mil millones de pesos.
Aunque la labor de la ASF es solamente una de las piezas, dispersas y fragmentadas, de los controles sobre el ejercicio del presupuesto de la federación, su revisión es relevante porque abarca tanto a los poderes federales, como a las instituciones estatales, municipales y a particulares que ejercen recursos federales y porque logra identificar problemas claves para diagnosticar y definir los correctivos pertinentes.
Buena parte de los problemas detectados por la ASF derivan de flujos deficientes de información que es el insumo básico para rastrear cómo se registran los recursos, cómo se utilizan y qué resultados se obtienen. Así, se ve que el encargado de la coordinación en la materia, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es incapaz de allegarse de información oportuna y completa sobre los programas que llevan a cabo entidades y municipios. La falta de información no permite evaluar si la colaboración entre entidades de procuración de justicia rinde frutos, tanto en materia de integración de las averiguaciones previas, como en el desarrollo de obra pública en seguridad.
Sobre los recursos federales que se transfieren a las entidades federativas, el Informe de la ASF abarca rubros muy sensibles como la atención a víctimas del delito, participación y denuncia ciudadana, infraestructura de las instituciones de seguridad pública, tecnologías de información, profesionalización de las corporaciones policiacas. Las deficiencias de dichos programas se centran en tres puntos: 1) los recursos se utilizan para fines distintos a los establecidos; 2) hay recursos no ejercidos y sin documentación probatoria (el FASP, fondo para entidades federativas, tiene desde 2009 subejercicios anuales del orden del 54.6); 3) no se ejecuta la obra pública programada, ni se aplican las sanciones correspondientes y son recurrentes contratos por adjudicación directa, que deberían ser la excepción.
En cuanto a los subsidios a municipios, los problemas son de dos tipos: 1) los recursos se transfieren a cuentas bancarias ajenas al subsidio o carecen de documentación probatoria y 2) los objetivos de las transferencias se concentran en gasto en armas y equipo y existen sistemas de información paralelos.
El diagnóstico de la ASF es contundente, sin embargo, las conclusiones del Informe de Fiscalización son semejantes a los de años anteriores, en buena medida por la incapacidad de este brazo de control del Legislativo para intervenir directamente durante el ejercicio del presupuesto, pues la Auditoría trabaja con posterioridad. Además, carece de atribuciones para vigilar que se impongan las sanciones por las violaciones al ejercicio del presupuesto.
Sabemos que para combatir la inseguridad no es suficiente destinar más recursos, hay que fortalecer a las instituciones, restaurar la confianza ciudadana y luchar contra la impunidad y la corrupción, pero sin eficiencia en el control del dinero asignado será difícil trabajar en una política más integral.
Fuente: El Universal
