En 2009 comenzó la vigencia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que se fijó como gran objetivo establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de entes públicos para lograr su adecuada armonización, almacenamiento y utilización. Nació con ella, el Consejo Nacional de Armonización Contable presidido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y en el cual concurren funcionarios de alto nivel de la federación, estados y municipios.
A finales del año pasado, luego de tres años de trabajo, el Consejo había emitido 20 documentos técnicos –normas de obligado cumplimiento- que, en su opinión, posibilitarán en los tres niveles de gobierno el registro armónico de las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como la emisión de estados financieros confiables y oportunos, contribuyendo con ello a una mejor elaboración del presupuesto basado en resultados y una elevación de la calidad del gasto público.
También, se realizó en octubre pasado el “Foro Nacional de Contabilidad Gubernamental” donde se reconoció que entre los grandes retos para el 2012 están que todos los estados cuenten con sus Consejos Estatales homólogos al federal, concluir con el desarrollo y la implementación de las herramientas informáticas, realizar el equipamiento tecnológico y de sistemas que permitan efectivamente el registro y procesamiento de la información en tiempo real y la adecuada capacitación de los servidores públicos responsables de la contabilidad en cada entidad.
El Consejo ha trabajado, valga la redundancia, armónicamente y con transparencia; y hasta aquí podrían parecer estas líneas la relatoría de un excelente proyecto y avances, sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas:
La fecha límite para tener establecidos los Consejos en los estados es el próximo marzo y, a finales del año pasado, solo 20 lo habían constituido y ya habían empezado a aparecer las diferencias de los “armonizadores”: “nueve entidades crean el Consejo a través de un acuerdo del Ejecutivo, seis a través de una ley, 12 establecen las atribuciones para todos los que la integran en el Consejo, una sola lo establece para el Consejo y en dos no se señalan… Sobre la periodicidad o el número de sesiones al año, hay cinco entidades que no lo establecen, las demás varían desde 2, 3, 4 y hasta 12 veces al año. Ahí hablamos de reglamentación y órganos de apoyo. Un dato importante: de las 15 entidades analizadas, tres no consideran al Órgano de Fiscalización como Consejeros, dos no consideran a los municipios y ocho a los Colegios de Contadores. Desde ahí estamos mal…” (tomado de la ponencia de Carlos Alberto Garza Ibarra, Unidad de Coordinación con Entidades Federativas-SHCP, del 26 de octubre de 2011).
Por otra parte, para que la información contable se genere en tiempo real y pueda ser procesada como se requiere, es necesario un soporte de tecnologías de información que debió ser el primer tema o criterio a acordar, y ser un solo sistema o software para el país. Sin embargo, solo los municipios de menos de 25 mil habitantes utilizarán un software que fue diseñado ex professo por INFOTEC (centro público de innovación y desarrollo tecnológico adscrito al CONACyT). El resto de dependencias federales han llegado a acuerdos para implantar un software común, mientras que en los estados se están desarrollando los propios o adaptando los que tienen pero todos los soportes informáticos deberán permitir la compatibilidad, importación o exportación de datos y ser utilizado por todas las dependencias e instancias del Sector Público. A la fecha, algunas entidades ni siquiera han iniciado con el diseño o adaptación del soporte informático, bien sea por falta de recursos financieros para pagar a una empresa que lo desarrolle, porque no han conformado su Consejo o, simplemente, porque no le han dado importancia.
¿Por qué no pudo ser un solo sistema informático para todo el país? El Servicio de Administración Tributaria (SAT) sí puede obligar a todos los contribuyentes a utilizar un mismo sistema informático para la firma y facturas electrónicas, corroborar datos entre contribuyentes y otros sujetos pasivos, ¿por qué en un país cuyo federalismo se diseña e implanta desde las instancias federales, no pudo decidirse una centralización administrativa en pro de la eficiencia? ¿qué sentido tiene que en los estados y municipios, cuya mayoría de recursos provienen de las transferencias federales, tengan sistemas informáticos diferentes? ¿quiénes se benefician de esta diversidad? ¿para qué 32 leyes subnacionales que, en el mejor de los casos, emulan a la general/federal y, en el peor, distorsionan el espíritu y objetivo de la misma? ¿por qué tener 32 consejos estatales si en el nacional hay representación de los estados y municipios?
Con entusiasmo observo esta necesaria armonización contable en materia de recursos públicos pero hay decisiones y aspectos que no termino de entender, espero se deba a mi ignorancia y el próximo año haya una eficiente contabilidad gubernamental que contribuya a la rendición de cuentas y mis suspicacias queden en el olvido.
*Zapopan, Jalisco, febrero 2012.
