Por Sergio Rivera Sánchez*
La adscripción de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Poder Legislativo Federal no supone una sujeción sin restricciones de ésta a los legisladores, ni mucho menos debe de verse afectada su autonomía técnica y funcional. Los contenidos del “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010” (que examinamos nuevamente) confirman que la ASF atiende a sus atribuciones constitucionales con objetividad y responsabilidad, independientemente de su vínculo institucional formal.
En esta ocasión hacemos eco de la denuncia en medios, en días pasados, de que más de dos mil millones de pesos ejercidos por ambas Cámaras del Congreso de la Unión tienen un destino indefinido. Como resultado de las auditorías financieras y de cumplimiento números GB 001 y GB 002 de la ASF, en la que los recursos corresponden a las partidas para “asignaciones a los grupos parlamentarios” en ambos entes públicos.
Como bien apunta la ASF, el uso de recursos por el Legislativo requiere la máxima transparencia y una adecuada rendición de cuentas en virtud de que su ejercicio se realiza con sujeción a la normativa que establecen las propias Cámaras. Como manifiestan los informes de fiscalización la arbitrariedad de esta regulación, su inobservancia y su inatención a los principios dispuestos en el artículo 134 constitucional son evidentes y perniciosos.
Los entes fiscalizados, por ejemplo, perciben que los recursos asignados mediante dichas partidas deben operarse y vigilarse por los propios grupos parlamentarios, sin mayor control. Esto, en concordancia con una norma interna que vagamente ordena “comprobar” las erogaciones con recibos emitidos ¡por los propios coordinadores de los Grupos Parlamentarios!
Resulta imposible, de este modo, determinar “la razonabilidad del gasto o comprobar si los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos”. Más allá de la inquietud abstracta por la generación de estados financieros transparentes que favorezcan la rendición de cuentas, la preocupación de la ASF se encuentra claramente fundada en el comportamiento irregular de otras partidas presupuestales “comprobables” y con aparente normatividad estricta.
Entre los diputados, por ejemplo, los recursos para la “Difusión e información de mensajes y actividades legislativos” financian lo mismo felicitaciones públicas y obituarios que cursos y talleres. Los senadores, por su parte, contrataron con cargo a la partida “Otras Asesorías” la adquisición de 174 esculturas de bronce personalizadas con la leyenda “La Patria es Primero”. La ASF llamó así la atención sobre “la compra de bienes innecesarios” en prácticas ajenas a “las medidas de racionalidad” y austeridad dispuestas en la Carta Magna.
El país requiere de servidores públicos que muestren su civismo en el adecuado ejercicio de sus funciones; el resto, por más que exhiban su “patriotismo”, no lo confirman en acciones. Exijamos responsabilidad a los que pregonan y no practican un mínimo compromiso con México.
*Presidente del Consejo Directivo de ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C. / www.contraloriaciudadana.org.mx / serivesa@yahoo.com
