Por Sergio Rivera Sánchez*
El pasado martes 12 de marzo, la Red por la Rendición de Cuentas organizó una Jornada de Trabajo por la Rendición de Cuentas. El objetivo general fue procurar la discusión y avance sobre tres importantes documentos que se han generado en virtud de las labores de igual número de grupos de trabajo. Esto ha significado la colaboración de académicos, servidores públicos y representantes de la sociedad civil organizada para originar propuestas tendientes a la articulación normativa e institucional de la rendición de cuentas, la articulación de la gestión en la materia y la necesaria participación ciudadana en este rubro.
Es de destacar el ambiente de cordialidad que priva en estas reuniones, considerando la heterogeneidad de los participantes. Esto reporta un fortalecimiento permanente de los argumentos mediante ricas aportaciones desde diferentes áreas de conocimiento y experiencia. En fin, se ofrece una auténtica oportunidad para la reflexión crítica y mesurada, ordenada, con un alto grado de profesionalismo. La Red crea entonces un paradigma del diálogo democrático, serio y responsable que requieren muchos otros asuntos públicos del país.
Por lo demás, este espacio no permanece cerrado a sus integrantes. El próximo 23 de marzo se estará incorporando a la discusión de los documentos a los partidos políticos. La finalidad es clara: debe tratarse de un proceso constructivo sucesivo que comprometa a los actores a seguir participando en el logro de las propuestas. La Red predica con el ejemplo: enfatiza la incidencia necesaria de las partes, sin desplazarlas por un ente etéreo o bien por una declaración o “acuerdo político” inerte con restringidos propósitos mediáticos.
En este tenor, contribuiremos a esta tarea durante las próximas semanas difundiendo algunas de las propuestas que hasta ahora se han formulado, contextualizándolas con hechos de la realidad cotidiana y aportando nuestra opinión, en cada caso. Así, con respecto a las medidas normativas en materia de transparencia, una necesidad tangible consiste en establecer constitucionalmente (a nivel federal y en las entidades) la autonomía de los órganos garantes, así como homologar un marco mínimo general para la normatividad local.
En este sentido, es rescatable la emisión reciente de un criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación basado en el contenido del artículo sexto constitucional que ha declarado definitivas e inatacables las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI). Desde nuestro espacio, celebramos esta valiente decisión que cierra la puerta a la opacidad recurrente de algunos entes obligados. Dicho esto, coincidimos en la necesidad de que este criterio se establezca formalmente, en beneficio de los órganos reguladores locales. La cuestión fundamental sobre esta materia, empero, trasciende la declaración normativa y requiere de un rediseño institucional de estos órganos. Volveremos a este tema la semana entrante.
*Presidente del Consejo Directivo de ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C. / serivesa@yahoo.com / www.contraloriaciudadana.org.mx
