Sergio Rivera Sánchez*
El pasado miércoles 21 de marzo tuvimos el privilegio de ser acogidos en la Casa del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de México, para presentar ante esta comunidad nuestro libro “El Testigo Social: experiencia de incidencia de la sociedad civil en la gestión pública”. Agradeciendo por supuesto el cálido recibimiento de sendos representantes de la academia y de la sociedad civil organizada que ahí se dieron cita, retomaremos algunos puntos sobre el particular para después continuar con el análisis de las propuestas de la Red por la Rendición de Cuentas.
La materia de contrataciones gubernamentales es sin duda grandemente afín a los intereses de nuestra organización, en virtud de nuestra participación como Testigos Sociales. En esta labor, compartida con otras cuatro organizaciones y más de 30 ciudadanos, hemos podido constatar los obstáculos, inercias y resistencias que enfrenta en su trabajo cotidiano la administración pública respecto de un tema tan sensible del gasto público que, por ende, es altamente susceptible a la corrupción.
La discusión sobre este mal social ha sido retomada recientemente, tanto por el Presidente de la República como por funcionarios de la Secretaría de la Función Pública. Si bien alusiones como que un instigador de la corrupción “daña hasta cuatro veces más” que un delincuente común resultan importantes para devolver la atención de la opinión pública hacia el tema. Aunque reconocemos que resulta más relevante conocer con franqueza cifras como la dada por la exSubsecretaria Elizabeth Yáñez, estimando el monto las pérdidas económicas por corrupción en las contrataciones públicas entre los 70 y los 100 mil millones de pesos anuales.
En este camino de conocer, debemos profundizar en saber de qué manera funcionan nuestras instituciones para proponer cómo contribuir en su mejora. Es relevante, por ejemplo, la reciente declaración del director del ISSSTE que apunta a que la deficiente operación de este organismo se debe a la ineficiencia de su aparato de gobierno que no refleja una conciencia permanente de satisfacer la maximización del bien público.
En este contexto se desarrolla, inequívocamente, la discusión sobre la autonomía de las instituciones del Estado. Por tanto, este tema no se limita a lograr un diseño orgánico que presuponga la creación de esferas de actuación sin sujeciones, más allá de la normatividad (como se reconocería en un diagnóstico de Derecho Administrativo).
La autonomía de las instituciones es un todo complejo de normas y su funcionamiento cotidiano, atribuciones y servidores públicos que las ejecutan, así como derechos fundamentales y ciudadanos que los reclaman. Y esto aplica, por igual, a todos los entes públicos: recientes y antiguos, centralizados o no- pues hablamos del ejercicio responsable del poder público. Con este enfoque continuaremos con nuestro análisis en las semanas por venir.
*Presidente del Consejo Directivo de ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C. / serivesa@yahoo.com / www.contraloriaciudadana.org.mx
