La eventual aprobación de las dos iniciativas, una de acceso a la información y otra sobre la Comisión Nacional Anticorrupción, será sin duda un avance significativo en la construcción de un marco institucional para ampliar la transparencia, el Gobierno abierto y la eficacia de los órganos contra la corrupción, pero no resuelve el problema de articulación entre sus ámbitos de influencia. No toda forma de corrupción se resuelve con mayor transparencia, ni todo riesgo de corrupción se reduce al sancionarla eficazmente. Es necesario articular acciones. Reducir, como señalan los académicos, la fragmentación. Lo contrario generará, como ya ha ocurrido, leyes especiales para materias convergentes: una reforma para transparentar la contabilidad gubernamental; otra para sancionar duramente la corrupción en licitaciones federales, pero no en las estatales; otra más para atender el tema de la transparencia sindical en las leyes laborales, y seguramente una reforma especial para transparentar la publicidad oficial.
No es que cada una de estas acciones no sea importante, ni deseable. Muchas de ellas son claves para la vida democrática en los próximos años. El problema estriba en la naturaleza aislada de estas medidas, fruto de posturas políticas cambiantes y no de una política que busque darles coherencia y futuro. Se dirá con razón que la política es así en todos los temas; que las acciones en materia de salud pública o seguridad ciudadana nunca son completamente integrales; que en política, “andando la carreta se acomodan las calabazas”, y que ha sido así como se han dado los avances en los derechos civiles en el Distrito Federal o en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Sin embargo, a pesar de lo convincente del argumento pragmático, la ausencia de un marco conceptual compartido resulta evidente a todas luces. Vamos resolviendo asuntos como se nos van presentando. No hay puerto de llegada, ni estrategia de continuidad. Se asume, como se asumió con la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef) hace más de 30 años, que las dependencias definen su mejor rumbo. No lograron hacerlo ni la Secogef, ni la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, ni la Secretaría de la Función Pública. Tampoco la Procuraduría General de la República. Hace falta un plan maestro fuera de las dependencias y cuerpos administrativos que ejecutan el plan maestro. Una hoja de ruta que, sin afectar facultades y funciones específicas, oriente nuestras medidas legales y administrativas para reducir significativamente la corrupción en el país. Repetir que la corrupción es el peor enemigo de nuestro desarrollo ya no es suficiente. Es necesario, casi urgente, contar con una política pública que articule, coordine, alinee y dé visión de futuro a las cada vez más frecuentes acciones para enderezar la República.
*Eduardo Bohórquez es director de Transparencia Mexicana, capítulo México de Transparencia Internacional, un organismo que promueve políticas públicas y actitudes privadas en contra de la corrupción y a favor de la cultura de integridad, promoción de la legalidad y rendición de cuentas.
Twitter: @IntegridadMx
Artículo publicado en Este País
