Esta semana se dieron a conocer los resultados del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) que por mandato constitucional fue encomendado por el gobierno al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). (http://cemabe.inegi.org.mx/). El Censo es a la vez una mina de oro y una fotografía de la arbitrariedad, ya que documenta y hace pública información fundamental para el diseño y necesaria mejora de la política educativa mexicana.
El Censo permite conocer: i) la ubicación geográfica -en el marco geo-estadístico de INEGI -de todos los planteles en los que se imparte educación de nivel básico y especial; ii) registro de datos generales de todo el personal que labora en los centros de trabajo, así como características de sus plazas, funciones, escolaridad, capacitación, programas en los que participan y en el caso de los docentes, grado, grupos a los que atienden y materias a su cargo, horas de trabajo a la semana; iii) registro de los alumnos según su grado, nivel educativo y características sociodemográficas y iv) conocer la situación de la infraestructura instalada, los servicios, el equipamiento y mobiliario de cada escuela para determinar las condiciones en las que se imparte la educación básica y especial.
Los resultados muestran que son 298,174 personas las que reciben un salario del presupuesto destinado a la educación por un trabajo que no hacen: se trata de “aviadores” (39,222) y comisionados del SNTE y/o CNTE (30,695); de casi 115 mil personas que reciben pagos como maestros en activo a nombre de personas que ya se jubilaron, retiraron o fallecieron y de 113 mil personas que cobran en una escuela pero están ubicados en otro centro de trabajo.
Los datos son alarmantes cuando se sabe que el 87.2% del gasto en educación primaria se asigna a la remuneración de maestros (el porcentaje más alto entre los países de la OCDE), el 78.1% del gasto en secundaria y en educación media superior se destina a este fin y los resultados siguen dejando mucho qué desear. Todo esto ha sucedido gracias al pacto corporativo construido entre el sindicato de maestros y el gobierno lo cual ha impedido cualquier tipo de rendición de cuentas sobre las decisiones, prioridades y recursos que se destinan a la educación. El poder del corporativismo frente a la debilidad del gobierno, es lo que permite que estados con las peores calificaciones de desempeño educativo como Michoacán, Oaxaca y Chiapas se puedan negar a participar en este censo lo cual es apenas el primer paso para detectar áreas de mejora y tomar decisiones racionales de política pública.
Por ello, seguirá siendo un desperdicio el aumento del gasto para el sector educativo (6.7% más en relación al año pasado, es decir 622 mil 423.2 millones de pesos) si no se modifican los criterios de distribución (lo cual se quiere lograr con la reforma aprobada el año pasado), los de evaluación, los de priorización y seguimiento de obras, pero sobretodo los incentivos que permitan una verdadera profesionalización del ramo. Es decir, todo esfuerzo será inútil sino hay rendición de cuentas. La campaña www.finalabuso.org.mx impulsada por un grupo de organizaciones encabezada por Mexicanos Primero, apunta en esa dirección.
Corolario: Continuaron las comparecencias de los 158 candidatos a comisionados del nuevo IFAI. Antes, los comisionados eran nombrados por “dedazo” presidencial y ahora conocemos los nombres, trayectorias y exposiciones en tiempo real, gracias al Canal del Congreso. Un comité de 10 expertos de reconocida trayectoria en el tema, acompaña el proceso de valoración. El resultado del proceso, es prometedor.
