Hay un reconocimiento tácito, desde hace más de 30 años de la profunda corrupción que existe en todo el País, y de la necesidad de transformar las estructuras que permiten su reproducción. En efecto, en la administración de 1982-1988 se hizo un llamado público a construir lo que en su momento se denominó como “la renovación moral del gobierno”.

Lo anterior significó al menos dos cosas: la primera, que desde el propio Estado mexicano se reconocía que la corrupción estaba corroyendo a las instituciones; y la segunda: que sólo mediante una renovación de los valores y de la ética de servicio público podría generarse una transformación sustantiva en la materia.

Desde entonces a la fecha, la información disponible permite suponer que no sólo no han mejorado las cosas, sino que incluso hay áreas en las que se ha empeorado; y que no importa qué pase con el dinero y los recursos públicos, la impunidad sigue siendo la constante en prácticamente todos los escándalos de corrupción y malos manejos de la administración pública que se conocen de manera cotidiana.

Según el Índice de Corrupción de Transparencia Mexicana, el costo promedio por “mordida” en el año 2011 ascendió a 167 pesos (US$12); y en el agregado, el costo total de la corrupción se estima en casi 400 mil millones de pesos anuales (US$30.613 millones).

Según el informe “Latinobarómetro” más reciente, México es uno de los países latinoamericanos con mayor desencanto ciudadano respecto de la democracia y sus resultados como forma de gobierno.

Fuente: Vanguardia