Por ganar autonomía constitucional, existe el riesgo de que el Consejo Coneval pierda autonomía técnica y se partidice, aseveró Guillermo Cejudo.

En entrevista, el profesor investigador de la División de Administración Pública del CIDE explicó que la reforma política electoral aprobada en diciembre pasado por el Congreso de la Unión y promulgada en enero por el presidente Enrique Peña Nieto presenta ambigüedades en lo que se refiere a la autonomía del Coneval.

Explicó que una de ellas es el perfil y el nombramiento de los integrantes del Consejo. “Una decisión crucial es cuál es el perfil y cuál va a ser el mecanismo para designarlos, porque eso no está previsto en ningún lugar;y la principal preocupación es que esto dé pie a nombramientos políticos en términos de cuotas entre los partidos. Existe el riesgo de que por ganar la autonomía constitucional perdamos la autonomía técnica del Consejo”, enfatizó.

De acuerdo con el decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014, los que integren el Coneval serán seis consejeros y un presidente, los cuales deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia mínima de 10 años en materia de desarrollo social y no pertenecer a algún partido o haber sido candidato a algún cargo público de elección popular.

El también doctor en Ciencia Política por la Universidad de Boston, Estados Unidos expuso que al dejar tan abiertos los criterios para integrar al Consejo se pueden dañar los avances que se han logrado con el Coneval.

“Convertirlo en autónomo modifica completamente la lógica de operación de Coneval y abre puertas a la entrada de criterios políticos al perfil que esencialmente hasta ahora ha tenido”.

En ese sentido, Guillermo Cejudo aseguró que para impedir que los nombramientos se conviertan en cuotas partidistas, como sucedió con el IFE, es fundamental que en las leyes secundarias se detalle  ampliamente cuál deberá ser el perfil de los próximos nuevos integrantes del Coneval.

“La única forma es poniendo un perfil muy exigente en términos del conocimiento sustantivo de política social; es decir, que no pueda ser  alguien que vaya a defender una posición política, o cuidarle la espalda al gobierno o a tirarle pedradas, sino que sea alguien que tenga el conocimiento metodológico, teórico, y sustantivo sobre político social.

No necesariamente que sea un académico, pero si requiere un conocimiento profundo”, detalló.

Guillermo Cejudo agregó que el perfil académico de los consejeros  del organismo ha permitido que el trabajo del Coneval sea defendible, por lo cual es importante que se mantenga el criterio para la elección de los consejeros con respecto a la formación.

“Lo importante que es que se cuente con un trabajo profesional, técnico, anclado a estándares científicos y desvinculado de criterios políticos que digan si un programa sirve o no, si hay o no menos pobres”, planteó.

Para el también experto en rendición de cuentas, otra de las ambigüedades que presenta la reforma político-electoral en el punto que concierne al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social son los tiempos, debido a que los legisladores federales establecieron periodos cortos para definir la integración del Consejo, los cuales están por vencer. Los tiempos que dejaron previstos para la integración del nuevo Consejo que tomará las decisiones del Coneval y la legislación secundaria están ya corriendo y están a punto de vencerse.

Para integrar el Consejo se dieron 60 días, de los cuales quedan poco más de 10. Para hacer la ley se dieron 120 días, pero es una ley nueva que
tendrá repercusiones tanto en la Ley General de Desarrollo Social
como en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad hacendaria”, planteó en entrevista..

El profesor-investigador del CIDE agregó que si bien la decisión crucial para la verdadera autonomía del Coneval es la integración  del órgano, el reto que sigue es la legislación que tendrá que hacerse cargo de construir un sistema nacional de evaluación de la política social no sólo referente a la evaluación de los programas federales, sino a todo el gasto público relacionado con temas sociales en estados y municipios.

Fuente: El Economista