Por: Mauricio I. Dussauge Laguna

A lo largo de su historia moderna, México ha tenido que lidiar con serios problemas de corrupción. Cualquier recuento de la vida político-administrativa del país se enfrenta, inevitablemente, con la venta de puestos públicos en la época de la Colonia; los “cañonazos de 50 000 pesos” ofrecidos por Obregón; la moral entendida como “árbol que da moras”, según el dicho del cacique Santos, o las designaciones públicas basadas en el “orgulloso nepotismo” de López Portillo. Y si se piensa en épocas más recientes, entonces salen al paso las inexplicables cuentas bancarias de algunos gobernadores, las filmaciones de políticos recogiendo “donativos” millonarios o el criticable activismo “empresarial” de hermanos y otros familiares “incómodos” de nuestros altos funcionarios.

Junto a las frases anecdóticas y las sospechas del imaginario colectivo, los datos de diversos índices y encuestas recientes no parecieran ofrecer una imagen muy distinta. El “Índice de Percepción de la Corrupción” de Transparencia Internacional, por ejemplo, asignó en 2008 a México una calificación de 3.6 sobre 10, reprobatoria y similar a la obtenida en años previos. La “Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno”, de Transparencia Mexicana, encontró que en 2007 los ciudadanos pagaron más o menos 27 000 millones de pesos en “mordidas” para obtener servicios públicos que debieran ser gratuitos. En suma, un panorama que pareciera ser desolador.

Sin embargo, ¿puede afirmarse que la corrupción y la impunidad siguen tan presentes y extendidas hoy día como en los tiempos coloniales o posrevolucionarios? ¿Sería acaso posible pensar que la situación del país ha cambiado algo, particularmente en los últimos años? ¿Cómo saberlo y, en todo caso, cómo explicar los cambios y las permanencias? En suma, ¿cuál es la realidad político-administrativa de la corrupción y la rendición de cuentas en el México de principios del siglo XXI

Este capítulo pretende ofrecer algunas respuestas a dichas interrogantes. Su objetivo es presentar un recuento de las principales transformaciones en materia de combate a la corrupción y fortalecimiento de la rendición de cuentas en México a lo largo del periodo 1982-2009. Por supuesto, un tema tan amplio podría tratarse de muchas maneras y con distintos énfasis, por lo que vale la pena explicar las líneas que habrán de seguirse en estas páginas. Primero, se cubren aquí únicamente los esfuerzos y cambios realizados desde el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) hasta las reformas propuestas por Felipe Calderón en septiembre de 2009.

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