Claudia Maldonado y Gabriela Pérez Yarahuán
En un país marcado históricamente por el uso discrecional de programas sociales con fines electorales, la creación del CONEVAL fue un gran acierto. El Consejo ha sido institución idónea para proveer información de la pobreza y gestionar la evaluación y el monitoreo de las políticas y los programas sociales. Así, evidenció regresividad y opacidad del gasto social y aumentó el flujo y la calidad de la información de los programas. Con el CONEVAL, México es líder regional en materia de evaluación y monitoreo y ha inspirado la construcción de instituciones análogas en todo el mundo.
La reciente reforma política a nivel constitucional establece que el CONEVAL mantendrá sus atribuciones de medición de la pobreza y de evaluación de programas, objetivos, metas y acciones de la política social. Pero, a diferencia de su status jurídico anterior, ahora tendrá carácter de órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios. Además, señala lo que parece ser un nuevo modelo de integración del Consejo. Paradójicamente, la reforma que le otorga autonomía constitucional amenaza con destruir su credibilidad e independencia por la puerta trasera. Es preocupante que este aspecto de la reforma ha pasado relativamente desapercibido.
La iniciativa parte de la premisa de que es necesario fortalecer la autonomía del CONEVAL. Lo cierto es que pese a los riesgos latentes de captura derivados de su vínculo administrativo con el Ejecutivo, la autonomía, la legitimidad y la credibilidad del CONEVAL se construyeron, en los hechos, gracias a una conjunción de factores, como la lógica colegiada de sus decisiones, el perfil académico de sus integrantes, el profesionalismo de sus funcionarios, la transparencia de la información y las metodologías utilizadas, así como la eficaz coordinación con la SHCP y la SFP.
La reforma pareciera abrir un frente de riesgo innecesario para la consolidación de la función evaluativa en México, ya que los legisladores establecieron términos imprecisos y plazos muy apretados para definir la integración del Consejo, concretar su modelo interno de gestión y normar sus nuevas atribuciones. La preocupación más obvia es que abre el espacio para la politización y la captura partidaria de sus integrantes. No obstante, lo que está en juego va mucho más allá: son los cimientos básicos para la institucionalización y evaluación continua de la política de desarrollo social en México. La evaluación y la medición de la pobreza sólo tienen sentido si se realizan con credibilidad, independencia y pertinencia para la toma de decisiones. Proteger estos principios implica no sólo la revisión cuidadosa del mejor mecanismo para la selección de miembros para realizar esta función, sino en una serie de decisiones de transición y definiciones para el modelo de gestión y la organización de las atribuciones del CONEVAL.
Lejos de afirmar que existan modelos organizacionales o perfiles de consejeros químicamente puros, lo que importa ahora es señalar con toda claridad los principios y la lógica que debe permanecer, así como aquellos aspectos que merecen revisión y modificación para fortalecer el papel de la evaluación y el monitoreo en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas. La autonomía del CONEVAL, jurídica y de facto, debe acompañarse también con cambios que fortalezcan la pertinencia y la incidencia de la evidencia recabada para cumplir con la promesa de un mejor desempeño de la política social.
No es una organización o un grupo de individuos lo que está en riesgo, sino la credibilidad, la independencia y la pertinencia de la función evaluativa en México. Lo que está en juego es una serie de funciones del Estado que son de la mayor importancia para el desarrollo social del país.
Claudia Maldonado es profesora-investigadora del CIDE y coordinadora general del Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina (CLEAR).
Gabriela Pérez Yarahuán es profesora de la Universidad Iberoamericana.
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Publicado en Reforma
