El informe “Comprando complacencia: publicidad oficial y censura indirecta en México” fue elaborado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés), en colaboración con las organizaciones nacionales FUNDAR y Artículo 19.
Dicho informe señala que la censura en los medios de comunicación de México no es un fenómeno nuevo. Hasta el año 2000, durante las siete décadas de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), México no tuvo una prensa libre. Los medios de comunicación existían bajo la sombra del patrocinio estatal y la censura. El PRI controlaba el contenido de los medios a través de diversos mecanismos: los propietarios de medios de comunicación eran simpatizantes del partido, el gobierno otorgaba publicidad oficial y ventajas económicas a los medios amigos; algunos periodistas fueron añadidos a las nóminas oficiales del gobierno y recibían los sobornos llamados “chayote”. Las “gacetillas” -contenido pagado disfrazado de noticias- eran fácilmente compradas por cualquiera que estuviese dispuesto a pagar el precio. El gobierno poseía el único proveedor de papel periódico y controlaba el sistema de distribución de periódicos del país a través de los sindicatos afiliados al PRI. Como dijo célebremente José López Portillo, ex-presidente de México (1970-1976) acerca de los medios en México: “No les pago para que me peguen”.
La liberalización del mercado, la crisis económica y el estancamiento del régimen del PRI durante la década de 1990 ayudaron a aflojar el control estatal sobre los medios de comunicación en México. El fin del monopolio del Estado sobre el papel periódico y los intentos de frenar el apoyo financiero a los periodistas y a los propietarios de medios de comunicación trajeron algunos cambios positivos. En 1992, el Gobierno dejó de pagar a los periodistas para que viajaran con el presidente a nivel internacional. Se introdujo nuevas, aunque altamente ineficaces, reglas de asignación del presupuesto público a los medios y para las relaciones públicas.
Veinte años después de este esfuerzo inicial para transformar las relaciones entre el Gobierno y los medios de comunicación, el control del Estado ha disminuido, pero está lejos de desaparecer. La “censura indirecta” se mantiene como un mecanismo de control muy arraigado sobre los medios de comunicación. En una entrevista, Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso, dijo que 20 años después de la publicación de su libro “Prensa Vendida”, éste lamentablemente sigue siendo relevante, ya que la publicidad oficial todavía se concede bajo criterios ocultos y arbitrarios. El dinero público se gasta en publicidad oficial sin mucho control. El proyecto Publicidad Oficial reportó una tendencia a gastar en exceso los recursos públicos y una supervisión o evaluación inadecuadas en este ámbito. En 2007, una adición al artículo 134 de la Constitución de México prohibió la “propaganda” en la publicidad oficial,xi pero una gran parte de la promoción de políticos y sus partidos continúa.
La concentración en los medios de comunicación es un reto cada vez mayor para el pluralismo mediático, especialmente en cuanto a la televisión. La industria de la televisión abierta en México está dominada por dos actores: el grupo Televisa, con tres cadenas, y TV Azteca, propiedad del Grupo Salinas, con dos cadenas. En conjunto, Televisa y TV Azteca penetran en un 98 por ciento de los hogares mexicanosxii, y dominan casi por completo el mercado de la publicidad comercial y gubernamental. Estas empresas ejercen una enorme influencia económica y política. La repartición de la publicidad política refleja la fuerte concentración de los medios. En algunos estados, más de la mitad del gasto gubernamental en publicidad va a Televisa y TV Azteca.
“Comprando complacencia: publicidad oficial y censura indirecta en México” se basa en una extensa investigación y en 67 entrevistas con personas que cuentan con experiencia y conocimientos de primera mano sobre los medios de comunicación y el gobierno de México. El informe analiza la persistencia de la censura indirecta en México, pero también apunta a cambios positivos y establece propuestas concretas de reforma. Los autores esperan que este trabajo sirva como herramienta para aquellos que defienden un panorama mediático más abierto y democrático, y para fomentar la investigación sobre este campo.
