Un tribunal egipcio dictó este lunes la condena a muerte más masiva de la historia moderna del país árabe. Un total de 529 personas fueron sentenciadas a la pena capital por el asalto a una comisaría, a mediados del pasado agosto, en el que murió un coronel de policía. Aquel ataque en la provincia sureña de Minia fue perpetrado horas después de que el desmantelamiento de las acampadas islamistas en Raba el Adawiya por parte del Ejército acabara en una matanza de seguidores de los Hermanos Musulmanes. Fallecieron cientos de islamistas que llevaban mes y medio concentrados en protesta por el derrocamiento de Mohamed Morsi, el primer presidente elegido libremente en Egipto. Como venganza, los seguidores Morsi, uno de los líderes de los ilegalizados Hermanos Musulmanes, atacaron diversas comisarias e iglesias situadas en feudos como Minia.

La corte de esa provincia absolvió a 16 de los acusados, sobre los que pesaban los cargos de asesinato de un oficial de policía y de atacar la comisaria de la localidad de Matay. Los 545 imputados eran considerados simpatizantes de la Hermandad, el movimiento islamista desalojado del poder el pasado 3 de julio en un golpe de Estado. Más de 300 de los procesados fueron juzgados en rebeldía en un juicio que ha suscitado una gran controversia por su falta de garantías procesales, más allá de la severa sentencia.

Para empezar, el proceso constó de una sola sesión antes del veredicto, y a la que no se permitió asistir a varios abogados de la defensa, según denunció Tarek Fauda, vicepresidente del colegio de abogados de la provincia de Minia. El tribunal ni tan siquiera permitió a los letrados de los acusados presentar sus argumentos. “Cuando el juicio empezó el sábado, y era solo una sesión procesal, el juez no escuchó a ninguno de los abogados o testigos. Y ni tan siquiera llamó a declarar los acusados. Estamos ante un grupo de matones, no de una judicatura”, declaró a la agencia Reuters un familiar de uno de los condenados.

“Es dudoso que esta sentencia se aplique. Casi seguro que será anulada. Pero es muy preocupante el hecho de que haya sido dictada”, tuiteó el analista político H. A. Heller, de Brookings Institution. Portavoces de la Hermandad y responsables de organizaciones defensoras de los derechos humanos coincidieron en señalar que la judicatura egipcia está altamente politizada y no es realmente independiente del poder ejecutivo, tutelado por los militares. Está previsto que los abogados defensores recurran el veredicto en los próximos días. Según la ley egipcia, toda pena de muerte firme deber contar con la ratificación del gran muftí de la República, una autoridad religiosa, antes de ser ejecutada…

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