En México, “un periodista es agredido cada 26.5 horas”, según el Informe para 2013 que Artículo 19 presentó el 18 de marzo pasado sobre el estado que guarda el derecho a la libertad de expresión y en particular la libertad de prensa en nuestro país.
A partir de un análisis de casos específicos de hostigamiento o amenazas a periodistas, el Informe de la oficina de México de esta asociación internacional señala que 2013 fue el año de más agresiones documentadas a periodistas e instalaciones de medios de comunicación desde 2007. Los datos de violencia contra la prensa sumaron 330 agresiones, 4 asesinatos y un periodista desaparecido. Del conjunto de agresiones, 90% fueron en contra de personas, reporteros, directivos o columnistas y 10% en contra de oficinas de medios tanto impresos como electrónicos.
Sin duda, lo más alarmante del Informe es que el 59% de los actos de coacción a la libertad de expresión fueron cometidos no por agentes del crimen organizado, sino por servidores públicos —policías estatales o municipales—, que son quienes tendrían que asegurar la integridad de la función periodística. No obstante, 3 de los 4 homicidios fueron perpetuados por la delincuencia organizada.
En las condiciones de inseguridad que aquejan a zonas importantes del país, los periodistas se encuentran atrapados entre dos fuerzas que buscan alterar o condicionar los contenidos de las notas informativas: las autoridades por un lado y el crimen organizado por otro, aunque este último esté dispuesto a llegar hasta el homicidio y los poderes estatales recurran más a la intimidación y el hostigamiento.
La geografía de la violencia contra la libertad de prensa del Informe de Artículo 19 muestra que Veracruz, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas y Oaxaca siguen siendo los estados con la mayor concentración de agresiones y asesinatos a periodistas entre 2007 y 2013. Sin embargo, la situación se ha ido extendiendo a otras entidades como Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Baja California, Zacatecas y el Distrito Federal, en donde se registraron 34 agresiones a periodistas en 2013 que ocurrieron en el marco de protestas sociales.
La libertad de prensa es un factor esencial para el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión, pues aunque —como bien ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas sentencias— la libertad de expresión es un derecho fundamental de cualquier persona y no sólo de aquél en determinada profesión o actividad, los medios son el vehículo por excelencia para darle vigencia a la libertad de expresión.
Es cierto que en México se han ido creando instituciones y programas orientados a la protección de los periodistas para responder a su compromiso nacional e internacional con el derecho a la libertad de expresión, tales como la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, o el Programa de agravios a periodistas de la CNDH, entre otros. Sin embargo, las leyes y acciones implementadas por el Estado mexicano para garantizar la integridad de los periodistas y la seguridad de su trabajo no han sido eficaces.
El Informe señala que en 90% de casos de violencia contra los periodistas hay impunidad, lo cual da cuenta de la ineficacia de nuestro sistema de justicia. Las amenazas siguen incrementándose y estamos lejos de conformar un contexto de seguridad informativa y de contención de la impunidad de quienes atentan desde distintos flancos en contra de la libertad de expresión.
Una consecuencia más de la impunidad frente al deterioro de la libertad de prensa es que se va generando un clima de censura subjetiva entre los comunicadores que no por silenciosa es menos nociva para la libertad de expresión.
Fuente: El Universal
