Para evitar que servidores públicos, personas físicas y empresas que hayan sido sancionados penal y administrativamente por desviar recursos del erario público, sean contratados o presten servicio o encargo a la Federación, la Cámara de Diputados aprobó diversas reformas a la leyes de fiscalización y rendición de cuentas y de responsabilidades de los servidores públicos, a fin de que además de ser inhabilitados, se vean obligados a pagar todo el daño económico.
La diputada del PRI, Lourdes Quiñones Canales, quien propuso ésta medida, dijo que ésta reforma es parte del combate a la corrupción: “Esto es de que no nada más hay que hay que regresar el monto, sino que también quede inhabilitado y si no también habrá un procedimiento penal”.
Dicha reforma fueron enviadas al Senado de la República para su análisis y votación.
Fuente: Notisistema
