Los resultados de la fiscalización de los recursos federales para la instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México, donde se incluye a Baja California, fueron calificados como negativos por la Auditoría Superior de la Federación, publicó Proceso.
Subejercicio, carencia de medidas de control interno y deficiencias en reportes de las entidades federativas, son los señalamientos realizados en la revisión de la cuenta pública 2012.
Baja California, donde este sistema alternativo se aplica sólo en Mexicali y su implementación en Ensenada se ha postergado en dos ocasiones, fue una de las 10 entidades del país que no registró avances significativos en los niveles de clasificación y estratificación del Nuevo Sistema de Justicia Penal durante 2012. De hecho, su evaluación permaneció igual desde el 29 de febrero hasta el 31 de diciembre de ese año.
La instrumentación de este sistema alternativo fue criticada por colegios de abogados de Mexicali debido al uso para fines personales y de turismo por el entonces procurador de Justicia del estado, Rommel Moreno Manjarrez, a quien se señaló de retardar y entorpecer una aplicación adecuada.
De acuerdo al Informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre la actuación de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), las entidades federativas presentaron para su aprobación 412 proyectos con el propósito de ser evaluados para verificar en qué medida se contribuye con las líneas estratégicas de la reforma del sistema de justicia penal en México, bajo los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. Pero su actuación fue deficiente…
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