Aprovechando el inicio de la VIII Semana Nacional de la Transparencia, que organiza el IFAI desde el 2003, y a la que han sido convocados los dirigentes de los partidos políticos, conviene hacer presente un par de expedientes de la mayor importancia para el acceso a la información y la transparencia en México. Dos asignaturas que por motivos inexplicables para la mayoría de los mexicanos, porque los responsables de la demora no lo han explicado, se mantienen en la congeladora legislativa violentando uno de ellos, un mandato constitucional.

Como bien nos acordaremos, el 20 de julio de 2007 fue publicada la reforma al artículo sexto de la Constitución General de la República, que incorporó las bases y los principios mínimos para homologar el ejercicio del derecho a la información en todo el país. Por unanimidad fue aprobado en la Cámara de Diputados, recibiendo 425 votos a favor los Grupos Parlamentarios, tal y como sucedió en el Senado en donde pasó la aduana legislativa con 111 votos.

El segundo Artículo Transitorio, estableció un mandato muy claro para la Federación, Estados y el Distrito Federal: expedir las Leyes de Transparencia o modificarlas en su caso, para que se incorporara el contenido de la reforma al sexto constitucional. El término para cumplir con esta obligación fue de un año, a partir de su entrada en vigor: el 21 de julio de 2007.

Término fatal que expiró precisamente el 21 de julio de 2008, durante el cual la mayoría de las Legislaturas Estatales cumplieron con el mandato. Pero lamentablemente el Poder Legislativo Federal, el más obligado a predicar con el ejemplo, pues en su seno se aprobó unánimemente la importantísima reformar en materia de transparencia y acceso a la información pública, no ha cumplido hasta la fecha, con la adecuación de la Ley Federal de Transparencia, que llevará el nombre de “Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”, al ser aprobada por la Cámara de Diputados.

La demora tiene varias fechas. Mil 508 días contados a partir de la publicación de la entrada en vigor de la reforma al sexto constitucional. Mil 143 días contados a partir del vencimiento del término para realizar las adecuaciones legales. Si la demora tiene como punto de partida el 5 de febrero de 2009, en que el Senador Alfonso Sánchez Anaya presentó la primera iniciativa para dar cumplimiento al mandato de la reforma, la demora suma 944 días.

Si la cuenta inicia el 19 de noviembre de 2009, en que los Senadores Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquín Coldwell, presentaron la segunda iniciativa para adecuar la norma federal, sume usted 657 días de retraso. Finalmente, la Minuta aprobada por el Senado de la República el 28 de abril de 2010, que expide la Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en posesión de entidades públicas) y recibida por la Cámara de Diputados el 29 de abril del año pasado, tiene en la congeladora ni más ni menos que 497 días.

Resulta inaudito que la Cámara de Diputados, en donde la Iniciativa de Chihuahua se recibió y se transformó en una de las reformas más importantes para el fortalecimiento de la democracia en México, mantenga sin aprobar una Minuta que le urge no solamente al IFAI, sino a todo el país. Y junto con pegado, ninguno de los 500 Diputados se atreve a dar la cara y rendir cuentas ante la Nación, sobre las causas que han provocado esta imperdonable demora. ¿Acaso se les acabó el fuelle para seguir empujando la transparencia en el Gobierno?

El otro expediente tiene que ver con la Autonomía Constitucional al IFAI. Ya existen un par de iniciativas en el Congreso de la Unión al respecto. Una presentada el miércoles 16 de junio por el diputado federal Ilich Augusto Lozano Herrera. Y la otra por el también diputado federal Agustín Castilla Marroquín, el 22 de febrero de 2011.

Ambas iniciativas persiguen el mismo fin: fortalecer a un Órgano Garante que ha demostrado desde el 2003, ser pieza fundamental para consolidar el cambio democrático en México. Por tal motivo, aprovechemos la VIII Semana Nacional de la Transparencia, para alzar nuevamente la voz y exigir de una vez por todas (ojala), que la Cámara de Diputados saque de la congeladora y apruebe la Minuta que expide el nuevo ordenamiento federal en materia de transparencia.

Y de paso, pedirles que inicien la revisión de las iniciativas para concederle al IFAI el rango de Órgano Constitucional Autónomo, tal y como ha sucedido con el IFE y la CNDH. No vayan a salir que con el cuento de que tanta transparencia causa indigestión a la clase gobernante, que en el 2006 abanderó desde la provincia la reformar al sexto constitucional. La Declaración de Guadalajara y la Iniciativa de Chihuahua así lo confirman. ¡Fuaa!