El Universal publicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga posibles irregularidades en la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal. Siete de sus 11 auditorías forenses fueron dedicadas específicamente a este programa, tanto a nivel federal como en seis entidades del país: Distrito Federal, Yucatán, Guanajuato, Puebla, Oaxaca y Tabasco.

La ASF dará a conocer sus resultados el próximo 20 de febrero, después de haber analizado la Cuenta Pública de 2012, aunque el hecho de que realizó auditorías forenses a estos programas, implica que se presumen anomalías que deben investigarse, y que podrían derivar en la comisión de un delito.

Algunas de las deficiencias que han mostrado la mayoría de las entidades —y no sólo las auditadas en esta ocasión por la ASF—, son la falta de cumplimiento de los planes a ejecutar a la hora de entregarles el subsidio, que entre 2008 y 2012 ascendió a la cantidad de mil 326 millones 101 mil 424 pesos. Sólo en el año 2012 se destinaron 443 millones 424 mil pesos para todas las entidades del país.

Falta de abogados especializados, retraso en la implementación de juicios orales para el sistema penal, ausencia de un Código Penal homologado, así como inconsistencias en la compra o remodelación de inmuebles, son algunas de las irregularidades que se han detectado a la hora de utilizar los subsidios que otorga el Estado mexicano a las entidades federativas.

Aunque todas las entidades y el gobierno federal tienen hasta 2016 para concluir este proceso, difícilmente podrán cumplir con este plazo si no han avanzado con las modificaciones que exige la nueva reforma.

Una de las principales modificaciones en el nuevo sistema de justicia penal son los juicios orales, pero la reforma también implica realizar procesos penales más rápidos y eficientes, utilizar más la justicia alternativa [cuando el caso no sea grave] y obligar a que los procesos sean públicos.

Otro punto es que tanto la víctima como el inculpado presenten sus argumentos ante el juez de forma oral, lo que implica la creación de un juez de control de garantías y de ejecución de sentencias, quienes resolverán bajo el nuevo esquema las sanciones impuestas a los inculpados.

Los fondos destinados

La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) recibió en 2012 un total de 443 millones 424 mil pesos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal; y en 2013, 458 millones 943 mil pesos. Para 2014 los recursos se duplicaron, pues la suma asignada para subsidios a entidades federativas será de 917 millones 887 mil 680 pesos.

En total, los recursos otorgados para la implementación de este nuevo Sistema de Justicia Penal han sido, desde 2008 hasta 2012, mil 326 millones 101 mil 424 pesos, de acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación (Segob) a través del Libro blanco de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Gestión 2009-2012.

La Segob ya había advertido en el reporte conocido como Libro blanco que uno de los rubros que requerían de atención inmediata era el destino de los recursos otorgados a través de los subsidios que da el gobierno federal a las entidades federativas.

La principal preocupación de la Segob era, de acuerdo con el Libro blanco, que se cumpliera con el 100% de las actividades plasmadas en los planes de trabajo de los proyectos subsidiados.

También consideró urgente documentar los procesos de recepción, aprobación y seguimiento de los proyectos subsidiados en 2011, y gestionar y coordinar el otorgamiento de recursos a proyectos apoyados con subsidio en 2012.

A equipamiento, el gasto

El Distrito Federal es una de las nueve entidades donde no ha arrancado por completo la implementación del Sistema de Justicia Penal.

Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, ha insistido en que se homologue el Código Penal para que en todo el país se pueda avanzar en la implementación. En el caso de la Ciudad de México, ésta cuenta ya con salas de juicios orales, pero hasta ahora no se ha llevado a cabo ningún juicio oral de tipo penal.

Por otra parte, el subsidio de cada una de las entidades auditadas ha sido destinado, al menos en un 25%, en promedio, a equipamiento.

En total, de 2010 a 2013, las 32 entidades federativas (excepto Aguascalientes, Baja California Sur, Nayarit, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas) gastaron 422 millones 739 mil 749 pesos, de acuerdo con un reporte del Centro de Investigación para el Desarrollo.

Fuente: El Universal