No soy de los que afirman que las candidaturas independientes mejoran la calidad de nuestra democracia, pero sí pienso que cualquier ciudadano tiene derecho a ser candidato a un cargo de elección, sin necesidad del respaldado de un partido político y que dicho derecho debe estar reglamentado para hacerlo efectivo.
Desde 1946, nuestro sistema electoral se centró en la existencia de partidos políticos nacionales. Durante los veinte años de transición a la democracia, apostamos a tener partidos fuertes y competitivos, capaces de estructurar y dar cauce a las corrientes de opinión existentes en el país. Con base en ese modelo se reformaron las normas electorales y se edificó el esquema de financiamiento público de los partidos y de acceso equitativo a los medios de comunicación. Los partidos políticos eran los protagonistas centrales de las lides electorales y los responsables de acatar las disposiciones legales de las mismas.
Sin embargo, hoy los partidos en México, como en muchas partes del mundo, están muy desprestigiados, en buena medida porque la pluralidad y la competencia no han derivado en que el país marche por la senda del desarrollo y el bienestar. En este contexto, las candidaturas independientes reivindican un liderazgo personal, no adulterado por intereses incubados dentro de los partidos.
Aunque es difícil concebir a un candidato a cargo de elección sin algún tipo de organización detrás para estructurar su oferta política y desplegar una estrategia para allegarse el voto, que es lo que hacen los partidos políticos, la idea de candidatos desvinculados de los partidos ha cobrado una importante valoración social.
A raíz del caso Castañeda que se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que dictaminó que “toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos debe tener la oportunidad real de ejercerlos” y por la creciente demanda social, en agosto de 2012 se reformó el artículo 35 de la Constitución para incorporar expresamente las candidaturas independientes. El transitorio de dicha reforma fijó un año para aprobar la legislación secundaria, sin embargo, el Congreso ha incumplido.
Esta omisión legislativa llevó a Manuel Clouthier, quien busca ser candidato independiente a diputado federal por un distrito de Sinaloa, a interponer un recurso para la protección de sus derechos políticos ante el Tribunal Electoral (TEPJF), argumentando que la falta de legislación secundaria viola su derecho fundamental.
La discusión entre magistrados de la Sala Superior del TEPJF fue interesante, porque mientras que el ponente, Salvador Nava Gomar, sostenía que la omisión del Congreso sí implicaba una violación a los derechos de los aspirantes a una candidatura independiente, al no ofrecer certidumbre sobre los mecanismos para obtenerla, otros plantearon que no. La vulneración sólo se actualizaría al momento del registro de candidaturas, lo que aún no ocurre, y para ello habría que esperar a que se promulgara la ley secundaria para conocer de plazos y requisitos para solicitarlo.
El debate planteó también que debido a que el 10 de febrero pasado se publicó una nueva reforma constitucional en materia electoral que hace referencia a las candidaturas independientes (financiamiento público y acceso a medios de comunicación) existía un nuevo plazo del 30 de abril para la promulgación de las leyes secundarias en la materia.
Al final, la mayoría de los magistrados votó por sobreseer el reclamo de Clouthier, pues haberlo atendido habría implicado instar al legislador a reparar la omisión y se consideró que no era jurídicamente procedente.
Este es un ejemplo de cómo las omisiones legislativas no son inocuas, sino que tienen siempre un impacto por incertidumbre jurídica que generan. Como todos sabemos, esta omisión no es un caso aislado, sino que se ha hecho una práctica recurrente como en el caso del nombramiento de consejeros electorales o más recientemente, en el de la legislación secundaria en telecomunicaciones.
De haber prosperado el planteamiento del magistrado Nava Gomar, se habría avanzado en la ruta garantista de la protección constitucional de un derecho fundamental. Su propuesta es digna de celebración.
Fuente: El Universal
