Hace diez años, en un día como hoy, se iniciaba en Mérida, Yucatán el llamado para que diversos países convencidos de la necesidad urgente de combatir el cáncer de la corrupción, suscribieran la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción que entraría en vigor el 9 diciembre del 2005. http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf Una década después, 168 de los Estados miembros de la ONU, entre ellos México, la han suscrito y 140 países más se han adherido a sus principios y sin embargo, en este periodo, los intentos por estructurar una política pública eficiente y exitosa de combate a la corrupción han sido escasos sobretodo en aquéllos países con altos niveles de impunidad. http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html En estos casos, el problema común ha sido un mal diagnóstico acompañado de soluciones inadecuadas y de marcos normativos que lejos de reducir la corrupción o de prevenirla han generado nuevas oportunidades e incentivos para la misma.
México se encuentra hoy en una encrucijada similar. Luego de meses de no tocar el tema, los legisladores decidieron votar al vapor una serie de reformas constitucionales y dentro del “paquete” se incluyó el dictamen que crea un órgano anticorrupción (federal y estatales) encargado de perseguir la corrupción desde la perspectiva administrativa dejando a las procuradurías el ámbito penal. El dictamen que podría votarse esta semana, contiene varias ausencias, indefiniciones, errores de redacción y deja varios cabos sueltos por lo que la ruta propuesta parece un parche más al entramado institucional del país. http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2013/12/Dictamen-Anticorrupcion.pdf
Aunque el dictamen reconoce la urgencia de prevenir la corrupción en vez de solamente establecer un marco punitivo, enuncia la necesidad de adecuar diversas disposiciones jurídicas correspondientes a: i) la simplificación regulatoria, ii) las compras públicas, iii) la ley de archivos, iv) la ley del servicio profesional de carrera (sin mencionar la obligatoriedad y el perfeccionamiento de la misma) y la v) ley orgánica de la administración pública federal sin especificar cómo y cuándo se haría y dejando estas obligaciones a disposiciones transitorias que formularía en un futuro el Ejecutivo Federal. En cambio, el enfoque punitivo del órgano anticorrupción (que no tiene nombre) está un poco más detallado. Este sería unipersonal, actuaría de oficio, por denuncia, por atracción o a petición de una instancia fiscalizadora e impondría sanciones administrativas como la destitución, la inhabilitación y la multa. De esta manera, se propone la promulgación de una ley general de responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción. Las faltas administrativas estarían reagrupadas en: i) infracciones administrativas, ii) faltas administrativas graves (perseguidas por las contralorías estatales o por el órgano de auditoría preventiva) y iii) actos de corrupción como el cohecho, el favoritismo o el conflicto de interés que estaría perseguido por los órganos anticorrupción. Las sanciones penales continuarían a cargo de la PGR que funcionaría bajo el nuevo modelo propuesto por la reforma política y judicial. El dictamen establece la creación de un consejo consultivo cuya vocación sería evaluar (no se sabe bajo qué criterios) la lucha contra la corrupción y hacer recomendaciones “al sistema nacional anticorrupción” que estaría formado por el órgano de transparencia federal (por ahora IFAI), las entidades de fiscalización superior, las contralorías de los tres poderes y los órganos anticorrupción. Los hilos conductores de este sistema no están suficientemente precisados.
Desde hace tiempo, la Red por la Rendición de Cuentas diagnosticó que el principal obstáculo para una política de rendición de cuentas era la fragmentación de esfuerzos sociales, institucionales y normativos. Si ceden a las prisas y a las presiones de las negociaciones políticas los legisladores continuarán parchando la democracia y como lo muestra la evidencia empírica de muchos otros países, el “remedio” será mucho peor que la enfermedad.
Corolario: Este fin de semana fueron detenidos Iván Rísquez Valdepeña (profesor de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana) y Ernesto Isunza Vera (profesor investigador y Director del Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS), con base en una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad del delito de coacción cometido en agravio patrimonial de la constructora Edivel S.A. de C.V. y en agravio del diputado local en Veracruz por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), David Velasco Chedraui quien de manera ilegal y mediante el tráfico de influencias ha tratado de hacer un desarrollo en Coatepec, Veracruz. Tanto el CCS como la UV son instituciones fundadores de la Red por lo que ponemos a disposición esta petición para que quienes deseen suscribirla lo hagan a título personal o institucional.
