Por tratarse de una violación grave de derechos humanos, la reciente desclasificación de la información sobre la averiguación previa del caso de los 72 migrantes asesinados y abandonados en fosas clandestinas en 2010, en San Fernando, Tamaulipas, reveló que 18 policías municipales actuaban como “halcones” del cártel de Los Zetas, es decir, interceptaban a las personas para entregarlas al grupo criminal. Esto muestra que la complicidad de las fuerzas del orden con narcotraficantes, que se hizo evidente en Ayotzinapa, no es algo excepcional, ni exclusivo de la región de Guerrero, sino reflejo de la descomposición que sufre nuestro entramado institucional.

Los problemas estructurales de nuestro régimen político que afloraron dramáticamente a finales de 2014 ya no dejan cabida para soluciones cosméticas o meramente coyunturales. Así como al inicio de cada nuevo año nos hacemos propósitos para saldar asignaturas pendientes, al arrancar 2015 es imperativo que las fuerzas políticas armen un gran acuerdo para diseñar un conjunto de políticas estratégicas capaz de sortear la crisis de grandes dimensiones que padecemos.

El gobierno federal y los partidos deben dar muestras de que la política sirve para evitar la confrontación y la lucha violenta y no estoy pensando en llamados a la unidad que en estos tiempos suena a una frase hueca, sino en compromisos fincados en intercambios y entendimientos entre las diferentes corrientes políticas que reconocen que estamos en una situación de emergencia.

Pero, la urgencia de edificar un gran pacto político para resanar nuestro mermado Estado de derecho reclama de los actores políticos una prueba efectiva de su voluntad política para hacerlo, supeditando sus intereses particulares. Además, hay que hacerse cargo de que 2015 es un año electoral en el que concurren las contiendas federales intermedias y 17 locales, en nueve de las cuales se renovará el gobierno estatal, es decir, será la dinámica de la competencia y la pugna por los cargos la que se instalará en el territorio nacional. Ello dejará poco espacio para la negociación y, menos aún, para la colaboración entre adversarios, por ello tiene que garantizarse que lo que se conviene se cumple, esto es, que se honra la palabra y que lo que se establece en la mesa de negociación se lleva a la práctica.

Y no hay tiempo que perder. La labor de concertación tiene que hacerse a la brevedad, porque una vez que arranquen las campañas electorales en marzo, las fuerzas políticas lógicamente invertirán toda su energía en ganar el apoyo de los electores, lo cual es hoy un bien escaso. Hay que tener en consideración que si tradicionalmente la desconfianza ha sido el toque distintivo de la relación entre la sociedad y el gobierno, en el contexto actual, parece haberse traducido en un descrédito generalizado que amenaza con incrementar el alejamiento de la población de las urnas.

Hace un mes cuando el presidente Peña Nieto propuso un decálogo para enfrentar la crisis de gobernabilidad que vivimos, los gobernadores dieron abiertamente su respaldo, dando a entender que la propuesta era producto de un entendimiento y, desde luego, de una amplia deliberación entre los partidos de oposición y las propias corrientes del partido en el gobierno. Muy poco después quedó claro que no había ocurrido así, en buena medida porque siguen dominando los resortes autoritarios de la imposición y de la falta de voluntad política de tomar en consideración al otro.

Al igual que la crisis de 2014 fue un parteaguas, el arranque de este 2015 tiene que hacer la diferencia y mostrar que existe voluntad política de los principales actores para que sin dejar de recorrer el trayecto de la disputa electoral, trabajen comprometidamente con acuerdos de gran calado para empezar a remontar nuestra situación crítica.

Fuente: El Universal