El INAI y muchas instituciones del entramado de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en el país se encuentran inoperantes desde hace tiempo, sin que eso genere ninguna molestia social.
La discusión acerca de la relevancia de las instituciones garantes de transparencia y acceso a la información no es reciente. Se ha venido dando desde el momento mismo del surgimiento de la primera legislación de transparencia. Sin embargo, las acciones sistemáticas que se pueden identificar en el último lustro ofrecen un panorama desolador. Ayer, 9 de julio, hemos asistido al cumplimiento de 100 días sin pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Ese INAI sin pleno tiene 6,958 recursos de revisión pendientes. El Senado de la República, por su parte, sigue negándose a cumplir con su obligación constitucional de hacer los nombramientos pendientes. El discurso respecto de la relevancia del INAI se ha articulado en torno de interpretaciones prejuiciadas (y maliciosas), además de ignorantes, respecto de lo que hace el instituto (y a su vez, los garantes estatales). Por una parte, por ejemplo, se ha dicho que “el INAI no combatió la corrupción”. Y, claro, un examen mínimo del contenido de la Constitución y la legislación general en la materia derrumba ese “argumento”, pues las atribuciones y la misión del instituto (y de los garantes estatales) no es “combatir la corrupción”.
De otro lado, se ha dicho que “el INAI escondió (o esconde) información sobre los actos de corrupción”. De nuevo, con la legislación misma se cancela ese otro “argumento”. El INAI no posee información, ni la administra, ni la gestiona. Lo que sí hace es vigilar que los sujetos obligados cumplan con la legislación de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Y lo hace mediante mecanismos legales que permiten que todas las personas tengan acceso a ellos, en lenguaje sencillo, mediante una plataforma electrónica.
Desde el Senado de la República se ha minimizado la importancia de integrar el pleno del INAI. No se ha entendido que el INAI es importante, pues sin su labor de vigilancia, los sujetos obligados de los tres niveles de gobierno están en condiciones de omitir el cumplimiento de las leyes (y ellos sí, ocultar información). El procedimiento de acceso a la información es muy sencillo (y accesible), pero no depende del INAI, sino de los “dueños” de la información, que son los sujetos obligados que la generan y cuyas obligaciones se encuentran perfectamente definidas en la legislación general. Cuando los sujetos obligados se niegan a entregar información (o no cumplen con sus obligaciones establecidas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia —y sus subsecuentes), entonces se activa el rol de instancia revisora que tiene el INAI, que analiza y resuelve, conforme al proceso que siguen los ciudadanos, los recursos de revisión. Desde un punto de vista, los recursos de revisión son un mecanismo de defensa frente a las decisiones de los sujetos obligados que, si se sostienen, cancelan materialmente el derecho consagrado en el artículo 6 constitucional —casi nada. De ahí que la labor del INAI reviste una importancia que no entienden (o simulan que no entienden) ni en el gobierno ni en el Senado de la República. Los recursos de revisión son una suerte de juicio de amparo que, a diferencia del amparo, sí está a la mano de la mayoría de las personas.
Ante la inminente discusión respecto de la controversia constitucional 280/2023, interpuesta por el INAI sobre las omisiones del Senado de la República, el proyecto de la ministra Loretta Ortiz propone declararla “parcialmente procedente, pero infundada”. La situación del INAI no es única, muchas instituciones del entramado de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en el país (en varios estados y en el ámbito nacional) se encuentran y se han encontrado inoperantes durante mucho tiempo (caso de los sistemas anticorrupción y de las auditorías superiores, por señalar dos ejemplos), sin que eso genere ninguna molestia social. Esto tiene que ver con que la labor de estas instituciones no necesariamente es conocida por la mayoría. Sin embargo, cuando dejan de operar, las deficiencias, retrocesos y consecuencias perversas que generan esas parálisis sí son visibles para todxs.
La historia no ha concluido (ni sobre el INAI ni sobre las demás instituciones carentes de nombramientos), pero hay una consecuencia lamentable muy evidente: nos hemos venido acostumbrando (con la absoluta aquiescencia de actores políticos e institucionales) a que los derechos que teníamos ganados (como los garantizados por el INAI) estén a debate y, lo que es peor, a que las personas tengan que pelearlos (y su garantía y su cumplimiento) en sedes constitucionales por la vía del amparo que, como sabemos, es una herramienta que no está al alcance de todos. Tal parece que la espiral de deterioro democrático en la que está el país, en sus tres niveles de gobierno, está configurando un escenario en el cual los derechos están dejando de ser de todos, para ser sólo de aquellos que tienen recursos (humanos, intelectuales, financieros) para pelearlos por la vía del amparo.
Fuente: Animal Político
