Cuando se presentó la iniciativa en el Senado, hace casi un año, se logró construir un acuerdo tanto entre las diferentes fracciones en la cámara alta como entre expertas y expertos en la materia. En esa iniciativa se plasmaba originalmente el interés de nuestras senadoras y senadores en fortalecer el régimen de transparencia en México.
La minuta llegó a la Cámara de Diputados y comenzaron los obstáculos para su aprobación. En este órgano legislativo le dieron un par de reveses: al principio se ignoró completamenteporque diputadas y diputados buscaban construir acuerdos en temas que les parecían más relevantes. Posteriormente, cuando en comisiones se decidieron a discutirla, el PRI propuso reservas que tiraban los acuerdos en el Senado e incluso los compromisos de las tres fuerzas políticas más importantes signados en el Pacto por México.
Ante la continua presión de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, el daño se disminuyó porque en la minuta aprobada se eliminaron casi todas las reservas. Sin embargo, se coló una modificación que habilita al Consejero Jurídico de Presidencia a impugnar las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) por causas deseguridad nacional. Esta modificación, si bien es menos dañina que las reservas iniciales del PRI, no reconoce la autoridad del IFAI en materia de transparencia y viola el principio de que el derecho de acceso a la información (DAI) debe ser expedito, al alargar el procedimiento de acceso cuando se impugne la resolución del IFAI. Pero sin duda, lo más peligroso es que abre la puerta para que otros sujetos obligados puedan hacer lo mismo. De hecho, la propuesta de dictamen que se encuentra actualmente en el Senado faculta también al Banco de México a impugnar las resoluciones de este instituto.
Una vez aprobadas las modificaciones en la cámara baja, la minuta regresó al Senado para su discusión y aprobación. Y nuevamente hemos visto que el tema no es prioritario, ya que en dos ocasiones se ha pospuesto su discusión. El tema se sigue aplazando. Una vez más no hay acuerdos entre las bancadas, esta vez sobre otorgar al Banco de México la facultad de resistir las resoluciones del IFAI. No se entienden las razones, principalmente porque no se explican de manera pública. ¿De qué forma podemos conocer el porqué las y los senadores cambiaron de posición respecto a diciembre de 2012? ¿Cuáles cambios hubo para que ahora algunos quieran seguir limitando los alcances del derecho de acceso a la información?
Quienes conformamos la comunidad de práctica y estudio de la transparencia y el derecho de acceso a la información decimos que es justamente en el contexto de discusión de reformas como la hacendaria y energética que el tema cobra mayor relevancia. Es ahora cuando más urge la consolidación de un régimen de transparencia que busque eliminar los espacios de ejercicio discrecional del poder que deriven en actos de corrupción. Ahora es cuando necesitamos construir gobiernos con mayor legitimidad que realicen sus funciones de cara al público y, sobre todo, que den certeza del ejercicio de los presupuestos públicos.
La discusión de la reforma hacendaria versó sobre el incremento de impuestos para con ello obtener mayores ingresos para la federación. Desde Fundar creemos que la mejor forma de acompañar una mayor carga impositiva para todas las mexicanas y mexicanos es precisamente con una propuesta para mejorar la transparencia y los mecanismos de rendición de cuentas que contribuyan a una gestión más responsable y responsiva de las necesidades de la sociedad.
Y no lo decimos únicamente nosotros. El presidente Enrique Peña Nieto, en un mensaje que dio el mes pasado en el marco de la Cumbre Anual de la Alianza para el Gobierno Abierto, afirmó lo siguiente: “tengo plena convicción de que la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la innovación deben ser las bases para todo modelo gubernamental en este nuevo milenio”. En ese mismo discurso, el presidente también afirmó que su gobierno ha “adoptado la transparencia como un imperativo gubernamental inaplazable”.
Por una lado, en el discurso, nuestra clase política habla sobre la transparencia como “un imperativo gubernamental inaplazable”; sin embargo, en los hechos, hay un explícito desdén y desinterés con la reforma de transparencia que se ha atorado en el Legislativo por casi un año. ¿Estamos ante un caso de esquizofrenia de Estado? ¿O será que simplemente el discurso de nuestro presidente no encuentra resonancia en el Senado?
