El País tendrá la elección más grande de su historia con un árbitro electoral que no fiscaliza correctamente los gastos de los partidos y con un tribunal que confirma esas deficiencias en las revisiones, coincidieron especialistas.
Alfredo Figueroa, dirigente de la Iniciativa Ahora, afirmó que la actuación de las autoridades electorales respecto de las anomalías denunciadas en los comicios en Coahuila y el Estado de México demuestra que son objeto de un secuestro institucional por parte del Gobierno federal y el PRI.
En el foro “Modelo electoral actual: ¿funciona para 2018”, Figueroa advirtió que las deficiencias con las que el INE y el Tribunal Electoral federal afrontarán la elección del próximo año no son atribuibles al diseño institucional ni a las leyes, sino a la irresponsabilidad de los funcionarios al frente de esos organismos.
Expuso que en los pasados comicios se implementó un uso inédito de programas sociales con fines electorales, dispersión de recursos, condicionamiento del voto, construcción de una cultura clientelista y control de medios de comunicación.
Pese a ello, alertó, el INE resolvió no emplear las herramientas de investigación que le confirió la reforma electoral de 2014 y el TEPJF validó esa determinación.
“Tenemos evidencia, como nunca antes, de desvíos de miles de millones de pesos de dinero ilegal entrando en las campañas por parte del PRI y sus aliados”, dijo el ex consejero electoral.
“Nunca habíamos tenido una autoridad (omisa) como la que tenemos esta vez”.
El analista Eduardo Huchim sostuvo que la elección mexiquense fue paradigmática porque hubo una violación “colectiva” al principio constitucional de que los servidores públicos deben usar con imparcialidad los recursos que tienen a su cargo, sin influir en la equidad de la contienda.
“La elección mexiquense debió ser anulada porque albergó una operación de Estado que rompió la equidad en mil pedazos y ocasionó que los topes de gasto de campaña fueran superados por mucho”, aseveró.
No obstante, apuntó que el INE desestimó todas las pruebas, y acusó a los magistrados electorales de “encubrir” violaciones constitucionales y legales de los Gobiernos federal y estatal, así como del PRI.
El ex consejero electoral de la Ciudad de México describió que, en una democracia que funciona, es el sistema democrático el que controla al dinero, y no al revés, como ocurre en el País.
Fuente: El Universal
