Gabriel Peláez
Caracterizada por su aguda mesura en ponencias, presentaciones y conferencias, Mercedes de Vega, directora del Archivo General de la Nación, sorprendió a todos durante la inauguración del reciente Foro “Principios Rectores y Bases para una Ley General de Archivos”, convocado por el mencionado archivo y la Universidad Nacional Autónoma de México, al declarar en el discurso inaugural del evento, frente al Secretario de Gobernación, el Rector de la UNAM y la Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, que el estado de los archivos públicos a nivel federal, estatal y municipal, es “desastroso”.
Fue un calificativo enérgico que rebasa por mucho los conceptos deficiente y malo para referirse a algo de muy mala calidad y, en el caso de los archivos, defectuosamente organizado, por decir lo menos. Por ello es de celebrarse que en tiempos de eufemismos y edulcoraciones verbales algunos funcionarios todavía se atrevan a llamar a las cosas por su nombre y a poner los puntos sobre las íes, pues sólo encarándolos es como los problemas pueden empezar a resolverse.
De ahí la oportunidad e importancia del mencionado Foro ante la urgencia de establecer una Ley General de Archivos que norme la organización y administración homogénea de éstos en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal y municipal . Así, además de garantizar la preservación del patrimonio documental de México la Ley General de Archivos será determinante en la construcción de un sistema nacional y articulado de rendición de cuentas y de mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno en materia archivística, con respeto pleno a la soberanía de las entidades federativas y a la autonomía de los municipios.
A la denuncia siguieron las acciones. En la citada inauguración del Foro, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, anunció una inversión de más de mil millones de pesos para la ampliación y modernización del Archivo General de la Nación, ante su creciente responsabilidad como custodio del patrimonio documental de la Nación, su papel rector del desarrollo archivístico del país, su participación en el establecimiento de directrices de observancia obligatoria en los distintos órdenes de gobierno, en la emisión de lineamientos para facilitar un desarrollo armónico del Sistema Nacional de Archivos que eviten asimetrías y hagan realidad una colaboración más efectiva con estados y municipios.
Mercedes de Vega aclaró que esa inversión no será otra readaptación del Palacio de Lecumberri sino la construcción de dos edificios con fines específicos de archivo –laboratorios y acervo– en una superficie contigua de 18 mil metros cuadrados, con tecnología de punta y una característica adicional: la firma de un convenio con la UNAM para el “acompañamiento” de ésta tanto en la obra propiamente como en materia de investigación, profesionalización, capacitación y educación a distancia del archivo, así como su vinculación con otras instituciones de educación superior y organismos nacionales e internacionales.
Habida cuenta de que sin información no hay solución, la oportuna denuncia de la directora del Archivo General de la Nación parece ser el promisorio comienzo de una auténtica modernización de la actividad archivística en nuestro país, con los consiguientes beneficios en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, tan exiguas en las últimas décadas.
