Después de una larga sesión del periodo extraordinario del Congreso y una repentina modificación al dictamen de ley en materia de transparencia, los diputados aprobaron en lo general y en lo particular, la reforma al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI).

La aprobación ocurrió en un ambiente de confrontación, en el que miembros del la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantenían un plantón para cerrar el acceso  a las cámaras de Diputados y Senadores, obligando a los legisladores a adaptar el Centro Banamex como sede alterna.

Aunque la minuta no se aprobó como el Senado de la República la había enviado originalmente -minuta que en su momento fue celebrada por el propio IFAI y organismo civiles por el avance que representaba para la transparencia en el país-, se cerró el paso al intento de los diputados del PRI por limitar la autonomía del organismo y eliminar el carácter de “inatacables” de las resoluciones adoptadas por los comisionados del Instituto.

El dictamen enmendado por los diputados -calificado a su vez por el IFAI y organismos civiles como contradictorio y un “retroceso” a la cultura de la transparencia-, abría el camino a una mayor opacidad, pues pretendía integrar excepciones para resoluciones que supuestamente atentaran contra la estabilidad económica, la seguridad nacional y los derechos humanos, además de que dejaba fuera a sindicatos y partidos políticos como sujetos obligados a la ley de Transparencia. Finalmente, después de una larga negociación política y fuertes presiones por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil, el PRI dio marcha atrás en la mayoría de sus posiciones.

 

El documento final fue entregado a los diputados minutos antes de comenzar la sesión. Ante ello diversos legisladores se inconformaron por considerar como una burla que las reformas a debatir no fueran analizadas con el tiempo pertinente.

¿Qué abarca la nueva ley?

El dictamen final brinda, de cierta manera, mayor autonomía al IFAI y amplía su capacidad para exigir transparencia a sindicatos y partidos políticos. “Se amplía el catálogo de sujetos obligados directos; ahora los partidos políticos, sindicatos, fondos y fideicomisos públicos, así como cualquier persona física y moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad tendrá la obligación de hacer pública su información”, señala.

Al mismo tiempo, la ley sólo contempla como excepción de inatacabilidad elementos que atenten contra la seguridad nacional: “El consejero jurídico del gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley en la materia”.

Adicionalmente, aumentarán de cinco a siete el número de comisionados, los cuales deberán se ratificados por la Cámara de Senadores bajo la consulta de las comisiones encargadas de la Cámara de Diputados y observaciones ciudadanas. Los nuevos miembros del IFAI deberán ser nombrados a más tardar en 3 meses, a partir de la entrada en vigor del decreto. Si alguno de los actuales comisionados tiene la intención de continuar en esta nueva etapa, deberá presentar su petición ante los legisladores.

 

Diversas organizaciones sociales como el Colectivo por la Transparencia, Artículo 19 y Transparencia Mexicana, insistieron en que los avances de esta reforma son el “paso inicial” para la construcción de una política integral de rendición de cuentas en México.