En días pasados se presentó el informe de la OCDE “El Sistema Nacional de Fiscalización de México. Fortaleciendo la rendición de cuentas para el buen gobierno”, en el cual se documentan hallazgos muy interesantes sobre la efectividad del trabajo de las auditorías en el país, a raíz de la implementación de las nuevas legislaciones aprobadas en 2015, para dar vida al Sistema Nacional de Fiscalización (SNF).

Estas reformas otorgan mayor responsabilidad y autoridad a las instancias fiscalizadoras y auditoras del país. Además, se suman a las leyes recientemente aprobadas en materia de combate a la corrupción y buscan contribuir a generar condiciones institucionales que permitan dar mejores resultados, por ejemplo: consolidar el trabajo de las auditorías, dar seguimiento efectivo a las observaciones que surgen de las mismas y, al mismo tiempo, lograr generar nuevos paradigmas al interior de las instituciones que permitan reorganizar la labor de seguimiento al gasto público, desde una perspectiva más integral, que además de hacer énfasis en el apego a la norma, vaya un paso más allá y logre medir el desempeño real de trabajo que realiza la administración pública.

Bajo la nueva legislación que rige en la materia, la OCDE se dio a la tarea de revisar los avances de las entidades de fiscalización superior en los estados, encontrando que en 24 de ellas tienen fallas en su marco jurídico; carecen de recursos presupuestales o sistemas tecnológicos suficientes; fallas en su metodología investigación; así como falta de libertad y de autonomía.

El reporte de la OCDE ofrece recomendaciones para el diseño de acciones estratégicas y actividades que contribuyan a que la Auditoría Superior de la Federación consolide su trabajo en materia de fiscalización, coordinar acciones con la Secretaría de la Función Pública, así como también lograr la profesionalización y mejora de capacidades en las entidades fiscalizadoras en los estados y municipios.

Sin duda, definir bases claras y sólidas de actuación en materia de seguimiento al desempeño de la administración pública y fiscalización es una tarea apremiante para consolidar el SNF. Estas acciones contribuyen a prevenir actos de corrupción, que deben ser los que se den como excepción y no como regla. De ahí la relevancia de fortalecer las capacidades técnicas de estas instituciones.