Quizás fueron las prisas por cerrar el periodo ordinario de sesiones con la tarea hecha o tal vez fue el reflejo de la débil separación de poderes que existe en muchos estados de la República, pero lo cierto es que el viernes pasado, a propuesta del gobernador Arturo Núñez, los diputados tabasqueños le dieron un sesgo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal que limita seriamente la garantía ciudadana de acceso a la información pública.

Aprobada en paquete junto con la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio 2016, la iniciativa en materia de transparencia se presentó sin mucha discusión de por medio y contó con el voto favorable de 31 de los 35 diputados que integran la legislatura. Con esto, la entidad se convirtió en la cuarta, después de Coahuila, Jalisco y Querétaro en cumplir con la armonización normativa que mandata la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. A imagen de la Ley General, la ley contiene avances importantes en lo referente a los plazos de respuesta, las obligaciones de transparencia, el reconocimiento de la prueba de daño y los procedimientos sancionadores, solo por mencionar algunos. Sin embargo, se estableció que las resoluciones del órgano de transparencia local serían vinculantes, definitivas en inatacables salvo si a juicio del coordinador general de asuntos jurídicos del poder ejecutivo del Estado se pone en riesgo la seguridad estatal (art. 163). Dado que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) cuenta con facultad de atracción sobre asuntos estatales, el coordinador general de asuntos jurídicos estatal puede interponer también recurso de revisión en materia de seguridad estatal directamente ante el órgano garante nacional “cuando considere que las resoluciones emitidas por el Instituto ponen en peligro la seguridad del Estado”.

Aunque Tabasco es una de las entidades federativas con algunos avances en materia de transparencia y acceso a la información (principalmente en materia presupuestaria) aún está muy lejos de ser el modelo a seguir en el país. Desde antes de la reforma en transparencia, su diseño normativo presentaba rezagos frente a buenas prácticas de otras entidades de la República, los tiempos de respuesta eran cumplidos conforme a lo establecido, pero la calidad de la información entregada era deficiente. Uno de los aspectos fundamentales de la reforma ha sido la fortaleza del órgano garante de acceso a la información, una fortaleza que no solamente se adquiere de facto con la autonomía constitucional sino con las capacidades técnicas, de gestión, de decisión y presupuestaria además de con la reconocida independencia política de sus integrantes. Como en otras entidades del país, el órgano garante de Tabasco posee una debilidad institucional que según Métrica de la Transparencia 2014, se ubica cerca de la media nacional. La reforma era la oportunidad para fortalecerlo, no para debilitarlo. Cualquier disposición que deje ambigüedades sobre la definitividad de sus decisiones abre la puerta a presiones políticas que ponen en juego la necesaria autonomía.

Mucho se ha criticado la exhaustividad de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Inclusive se ha dicho que con este modelo se acota la libertad de las entidades federativas para diseñar marcos normativos de acuerdo a sus realidades y necesidades. En realidad son este tipo de tentaciones federalistas, las que se requieren conjurar.