A seis años de la Reforma Constitucional en materia Penal, sólo Yucatán, Estado de México, Chihuahua y Morelos han instrumentado en su totalidad el nuevo sistema penal acusatorio, mientras que en siete estados y el Distrito Federal ni siquiera está operando y en 20 entidades lo han hecho de manera parcial.

Así lo revela el “Reporte de hallazgos para el seguimiento y la evaluación de la implementación y operación del nuevo Sistema de Justicia Penal en México”, realizado por segundo año consecutivo por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).

Aunque las entidades tienen como plazo constitucional el 18 de junio de 2016 para reformar sus sistemas de justicia, de seguir con el mismo ritmo de avance existe el riesgo de incumplimiento o que el resultado sea una implementación deficiente, sostiene el informe.

Este es uno de los puntos más preocupantes, pues “el mayor riesgo de la reforma penal es terminar teniendo viejas prácticas con nuevos nombres; lo esencial, a estas alturas, es atender los puntos críticos institucionales que garanticen que el cambio se construya sobre cimientos firmes”, concluye el documento.

Muestra de ello es que aunque entidades como el Estado de México logró implementar un nuevo sistema penal, opera de “muy deficiente” pues no están poniendo en funcionamiento medidas como las salidas alternativas restaurativas ni han cambiado sus modelos de trabajo a la oralidad, que es uno de los cambios clave en la reforma.

“Siguen trabajando como si estuvieran integrando averiguaciones previas y eso se ve en las audiencias porque tenemos a ministerios públicos que están leyendo, en lugar de hacer uso de la oralidad. Por eso no logramos ver los beneficios que debía traer este nuevo sistema de justicia”, dice en entrevista, María Novoa, directora del proyecto.

Para ser considerado como un estado en operatividad total, su nuevo sistema de justicia debe estar funcionando en todo su territorio y para todos los delitos, por lo que hasta el momento solo cuatro han cumplido con estos criterios…

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