La Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Ximena Puente, señaló que es necesario que en la Ley General de Transparencia, se le de la facultad a este Instituto de  ordenar la apertura de información en caso en los que existan indicios de violaciones graves a los Derechos Humanos o cuando se refiera a información sobre crímenes de lesa humanidad, pues, señaló, estas funciones no invaden las competencias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ni alguna otra institución; externando que casos emblemáticos como Tlatlaya o Ayotzinapa, han sido abiertos de manera responsable a la sociedad, para que ella ejerza su derecho a la verdad.

Durante la tercer jornada de audiencias públicas para dictaminar la Ley General de Transparencia, la titular del IFAI, señaló que la labor del Instituto en este tipo de casos se centra en señalar si se otorga o no el acceso a la información, y nunca a establecer quiénes son los responsables y si estos cometieron delitos de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos.

Además, explicó que en el caso de que exista una solicitud de información y ese sujeto obligado considere que es necesario hacer una reserva; es ahí donde propone que se realice la prueba de daño fundando, motivando y valorando específicamente al caso concreto, las circunstancias que le sean aplicables para la reserva de información.

Por su parte, Jesús Peña Palacio, representante del Alto comisionado de las ONU para los Derechos Humanos, expuso que los procesos de construcción y desarrollo del derecho de acceso a la información experimentado por México han sido positivamente valorado por organismos internacionales de derechos humanos especializados en la materia.

Calificó como pertinente que la futura Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública preservara la facultad del órgano garante, del IFAI, para pronunciarse si se está o no ante una información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

En este sentido, externó,  no debería haber modificaciones legislativas que pudieran suponer una regresión frente a lo ya alcanzado a nivel nacional; por el contrario, se debería identificar fórmulas para una mayor realización del derecho de acceso a la información.

“Así, la norma hoy vigente permite que el órgano garante haga una caracterización de la información y concluya por sí mismo si está relacionada con violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad.”

Finalmente, reconoció que México enfrenta importantes desafíos en materia de derechos humanos, por lo que debe preservar lo positivo de su andamiaje normativo en materia de transparencia, fortalecer las instituciones democráticas, no revertir los avances registrados y profundizar sus esfuerzos por transparentar la información que guarda en relación con violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Guillermo Noriega, Coordinador del Colectivo por la Transparencia, reconoció que en México, el actual marco normativo fue diseñado, en su gran mayoría, en los regímenes autoritarios.

“Recordemos que vivimos una arquitectura institucional que tiende más hacia la opacidad que hacia la rendición de cuentas. Esta legislación lo tiene que ir modificando poco a poco.

Si no le damos ese estatus, si no le damos esa posibilidad y de que entonces esa legislación vaya cambiando o más bien inocule otras legislaciones para que la puedan modificar, difícilmente vamos a lograr caminar al respecto.”

Con los cambios propuestos a la Ley General de Transparencia, es como si estuviéramos matando moscas a “bazucazos”, concluyó.