Más triste que desapercibida no podía ser, en la esfera de los interesados en el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP), la cancelación de la Semana Nacional de Transparencia 2017 que desde el 2003 empezó a celebrar el ahora renovado Instituto Nacional (antes Federal) de Transparencia, Acceso  a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Pero no así entre las personas de a pie, que siempre alejadas han estado de esos eventos principalmente de carácter académico que se celebran a propósito del Día Internacional del Derecho a Saber, el 28 de septiembre, a iniciativa del Consejo de Europa, que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) formaliza en 2015 como el Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información en la 197ª reunión de su Consejo Ejecutivo, celebrada en Paris el 8 de septiembre de ese año.

La decisión mencionada al principio, en el contexto de las medidas de seguridad después del sismo del pasado 19 de septiembre, no tiene mayor importancia, considero, porque no es, ni ha sido un evento cuyo principal enfoque sea socializar ese derecho humano fundamental.

Observación que hacemos en términos de lo que la UNESCO señala como “modalidades de conmemoración”, al decir que “…se conmemora ya con una serie de actividades, principalmente conferencias, talleres, marchas, conciertos, publicaciones sobre el acceso a la información…”  Pensando que “…servirá para concienciar y educar a los ciudadanos y a las autoridades sobre la importancia del acceso a la información como un derecho humano fundamental, consolidar la sensibilización pública sobre su importancia y, en particular, fomentar el acceso a la información mediante la educación sobre los medios de comunicación.”

Palabras en la que uno como sociólogo quiere ver, que hablamos de la socialización del derecho, es decir de tenerlo presente y ejercerlo todos los días, en todos los espacios posibles; y que puede ensalzarse en esta fecha específica.

Por lo que sin ninguna duda nos hemos adherido al “Pronunciamiento por la socialización integral del derecho de acceso a la información pública en México, enfocada al aprovechamiento y beneficio de todas las personas” impulsado desde México Infórmate (siempre me ha gustado el nombre de esta red por su sentido de amable invitación-exigencia).

Lo he hecho a través de mi amigo Samuel Bonilla, uno de sus principales impulsores y preocupados del “uso” que se da hasta ahora del DAIP.  Más de quince años tiene su proyecto de Transparencia para Todos, implementando talleres en los que principalmente se busca que los usuarios del mismo encuentren su utilidad, ejerciéndolo vía el propio taller que parte de casos exitosos en este sentido.

Por ello hemos buscado que la idea de la socialización del DAIP, no sólo de su promoción o divulgación, llegue al INAI (la catedral de la transparencia le gusta llamarle Samuel) y así al Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en el que se encuentran agrupados la totalidad de los órganos garantes.  Pero nos hemos topado con una burocracia insensible y la sordera casi total de su pleno (salvo la valiosa excepción del Comisionado Joel Salas) para ser seriamente analizada.

Así las cosas y entendiendo que esto de la transparencia en nuestro país es algo muy parecido a una lucha, se ha lanzado el pronunciamiento mencionado precisamente el 28 de septiembre pasado, dirigido directamente al Consejo Nacional del SNT, por lo que esperamos por lo menos haya una respuesta.

Rescato sólo uno de los elementos o líneas que se propone formen parte de ese plan integral de socialización del DAIP: “Generar programas permanentes de formación de usuarios, multiplicadores y gestores para ampliar y diversificar el núcleo de beneficiarios del derecho de acceso a la información pública.”

La formación de usuarios, si la pensamos en términos de los grupos secundarios de socialización como las escuelas o los centros de trabajo, significaría que los niños y los jóvenes, desde ese mismo espacio, tengan la posibilidad y el apoyo de sus maestros o sus superiores inmediatos para hacer, por ejemplo, solicitudes de información sobre lo que les afecta cotidianamente.  Así, estos tendrían que convertirse en multiplicadores de talleres, como los que hace Transparencia para Todos.  O en un momento dado en los organigramas de dichos grupos pudieran contar con profesionales que ayuden a gestionar el ejercicio del derecho.

¿Sueño, utopía?  Quizá sí, pero recordemos que, como dice el lugar común, “soñar no cuesta nada” y la utopía tiene la función de hacernos avanzar.  De hecho al respecto ya se ha avanzado, pero se puede avanzar más, y más rápido, por senderos inexplorados aún por los órganos garantes.

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