Solo faltan 8 días para que venza el plazo marcado en la ley para que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) empiece su operación formal. Sin embargo, el panorama se vislumbra desalentador al revisar los avances de las tareas previas que debieron quedar resueltas durante los días previos al 18 de julio.
En el nivel federal, no se han logrado los consensos para nombrar al Fiscal Anticorrupción, pieza clave para todo el trabajo del fincamiento de responsabilidades por la vía penal. Tampoco se han ratificado los Magistrados de la Sala Especializada en combate a la corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa. Sigue sin claridad el esquema de profesionalización que se ofrecerá para fortalecer a los órganos internos de control y, además, deben consolidarse los mecanismos de colaboración entre cada una de las instancias involucradas en la operación del SNA. La ausencia de la parte encargada de fincar responsabilidades, puede ser un factor que retrase los avances en el diseño de las estrategias de combate a la corrupción.
Por otro lado, los avances en las entidades federativas no han sido consistentes. Si bien, la mayoría de las entidades han avanzado en sus reformas constitucionales (solo Chihuahua y Veracruz no la han aprobado), la legislación de los sistemas locales anticorrupción sigue sin aprobarse en 13 de las 32 entidades del país, solo 6 estados han nombrado a su Fiscal Anticorrupción, 5 a los magistrados de sus Tribunales y 1 a su Comité de Participación Ciudadana. El semáforo presentado por Revista R del Periódico Reforma ilustra este panorama de manera muy clara:
Fuente: Revista R, Reforma. 9 de julio de 2017
La aprobación de la normativa que regirá los sistemas locales, es solo el primer paso para poder dar vida al SNA. Una vez en marcha, el reto que implicará garantizar la autonomía de los involucrados en dar seguimiento de la política anticorrupción será uno de los elementos que más deberá cuidarse. Esto debe estar previsto en la ley, pero en la práctica debe garantizarse. Además, las acciones que se impulsen desde el sistema nacional y los sistemas locales requerirá del rediseño de las instituciones, de lograr consolidar mecanismos efectivos de denuncia, de generar la inteligencia necesaria para identificar áreas de opacidad y vacíos que sean terreno fértil para la corrupción, así como de un trabajo eficaz para identificar redes de corrupción y fincar responsabilidades de manera efectiva. El trabajo de profesionalización, capacitación y fortalecimiento institucional son tareas que deberán resolverse. Este 18 de julio entra en funciones el SNA y comenzará a definirse la ruta que se seguirá para que logre sus objetivos. Falta mucho por ver y esperamos que las instituciones logren sobreponerse a aquellos que apuestan porque el sistema no funcione.
Liliana Veloz Márquez
Directora Ejecutiva de la RRC
