Por: María Amparo Casar
Mi interpretación sobre la diatriba de El Universal y los senadores contra el CPC y los encargados de elegir a este órgano es la siguiente. Primero, descalificándolos se busca vulnerar la única pieza del SNA para que en la política anticorrupción esté presente el punto de vista de la sociedad y haya un contrapeso ciudadano. Segundo, la acusación de “trampa” no se da en un vacío, sino en un contexto en el que diversas OSC dedicadas a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción han cuestionado ciertos nombramientos o han exigido tener canales de participación en la integración de órganos como la SCJN, FGR, Inegi, INE, TEPJF, TFJFA y fiscal Anticorrupción, y se han pronunciado por una Ley de Designaciones que frene la discrecionalidad. Tercero, en un momento en el que algunas se ven acosadas por el SAT y amenazadas con la pérdida del carácter de donatarias. Cuarto, en el que éstas han redoblado la exhibición de actos y redes de corrupción de la política. Quinto, en el que se debate la presunta participación del gobierno en actos de espionaje. Que me perdonen, pero aquí hay agenda y mensaje.
La historia es simple. Las primeras planas de El Universal (29 y 30 de junio y 1 de julio) se dedican a descalificar a una de las siete sillas del SNA: aquella que, aunque sólo tiene un voto de siete, es la única que no está en manos de una dependencia gubernamental u órgano de Estado y que es vínculo con la sociedad civil. De paso, se cuestiona también a los cinco ganadores por haber participado en gobiernos anteriores, en órganos autónomos, por no ser contadores o por tener otras ocupaciones.
Las acusaciones son varias: hicieron trampa, cometieron irregularidades, la selección fue “atípica”, hubo conflicto de interés. Sorprende el dato de que seis de los “acusados” sean editorialistas del propio periódico: E. Jaime, P. Salazar, M. E. Morera, S. López Ayllón, E. Cárdenas y J. Peschard. De ser cierto, cabe preguntarse por qué El Universal tiene entre sus páginas a tantos presuntos “tramposos”.
El titular del 29 de junio no deja lugar a dudas: “Evidencian trampa en el sistema anticorrupción”. El hecho no es nuevo. Desde marzo comenzaron las descalificaciones. A los miembros de la Comisión de Selección (¡nombrados por el Senado!) se les desautorizaba porque sus instituciones postularon candidatos, porque formaban parte de sus consejos o porque uno de ellos conducía un programa de TV de la ASF. Así, dicen, se sesgó el resultado en favor de los cinco ganadores. Litigaba la nota: “¿hasta cuándo dejaremos de ser complacientes con lo que es indebido?” y “¿con qué autoridad moral y capacidad técnica podrá actuar este Comité en contra de la corrupción, si en su integración se actuó con tal ligereza?”.
Se les cuestionaba también falta de transparencia. ¿De verdad? Pero, sin estar obligados a ello, abrieron una página de acceso público (www.comisionsna.mx) explicando la metodología, reglas de operación, criterios y perfiles de los aspirantes; si las entrevistas fueron públicas; si concluido el proceso elaboraron un libro blanco. Mayor y mejor ejercicio de transparencia no encuentro. De ahí que en la carta que la Comisión entregara a El Universal manifestaran la “ausencia de rigor periodístico” en la cobertura.
Sorprenden también los comentarios de senadores de varios partidos: “La Comisión de Selección tiene la obligación de legitimar sus decisiones” (Gil Zuarth), “transparentar el procedimiento” (Ríos Piter) o “aclarar cuanto antes cómo fueron seleccionados los miembros del Comité” (Luis H. Fernández). Pues qué, ¿ni siquiera se molestaron en visitar la página en la que todas sus dudas estaban despejadas de antemano?
Para terminar, el pasado 1 de julio también a ocho columnas El Universal publicó las declaraciones del presidente del Senado en las que dice: “Hemos visto una serie de actuaciones que, por decir lo menos, han sido acusadas de opacas, que no han respondido en encontrar a los mejores hombres y mujeres para integrar estos órganos, que ha habido conflicto de interés, que no son transparentes, que se está haciendo un club de amigos y que se está seleccionando por cuates”.
Con ataques como éste se cuestiona a personas honorables dedicadas a promover la lucha contra la corrupción, se abona a la percepción de que los políticos no tienen voluntad para que el SNA funcione y se desincentiva la participación de los ciudadanos en esfuerzos que deben ser conjuntos.
Repito lo escrito el pasado 5 de abril en estas páginas: “Sin duda, las OSC al igual que la academia pueden ser incómodas y se pueden equivocar… (pero) No somos sus enemigos. Desde la crítica y la propuesta podemos ser aliados”.
Fuente: Excélsior
