El Presidente Enrique Peña Nieto, al promulgar las siete leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), da un golpe de timón para recuperar la confianza institucional y crear un nuevo paradigma legal y axiológico de control del Estado, ante los actos de corrupción e impunidad en la función pública.
En Palacio Nacional, el Presidente trazó un nuevo diálogo de entendimiento político para salvaguardar la integridad pública y redefinir el rumbo democrático de las acciones gubernamentales. Señaló, “si queremos recuperar la confianza ciudadana, todos tenemos que ser autocríticos, tenemos que mirarnos en el espejo, empezando por el propio Presidente de la República”.
La reestructuración político-legal y de ética pública, fue el común denominador de los planteamientos expresados en Palacio Nacional; al advertir que corrupción e impunidad, actúan como un lastre administrativo que se multiplica exponencialmente por la existencia de “vacíos legales” y de “fragilidad institucional”, que dan paso al oportunismo y crean formas para lograr dividendos económicos en las gestiones de servidores públicos, en complicidad con agentes públicos y privados.
La fragilidad institucional frente a la corrupción e impunidad, advierte el peligro del quiebre valórico del ejercicio de gobierno. No podemos ser indolentes ante su deterioro. Esta realidad exige una respuesta de integración cívica nacional.
México debe dar el salto cualitativo a un régimen político de probidad plena. La clase política lo sabe, y por ello las palabras del Jefe del Poder Ejecutivo Federal cobran singular valor cuando admite que el SNA, “presenta un cambio de paradigma que dota al país de nuevos instrumentos para fortalecer la integridad en el servicio público y erradicar la corrupción.”
En este escenario, el Ministro de la SCJN Arturo Zaldívar, enunció que, “No hay justicia que funcione si hay corrupción; no hay derechos efectivos si hay corrupción; y en esta medida, la honorabilidad, la honestidad, la imparcialidad y la independencia son valores fundamentales que los jueces tenemos que preservar todos los días.”
Esta prescripción del Ministro Zaldívar invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las estructuras institucionales, ya que la Ley per sé no evita la corrupción ni la comisión de delitos; son los recursos humanos, los órganos de la administración pública y los procedimientos, los que hacen posible el cumplimiento de la Ley y trazan el camino para impedir actos de impunidad.
De igual manera, las palabras del Senador Roberto Gil Zuarth, señalan que “la democracia mexicana dio signos de vitalidad; el impulso por reformar cobró forma y ritmo de manera ejemplar e inédita con la participación de la sociedad civil; la indignación se convirtió en agenda; el enojo se activó en movimiento cívico; la exigencia social encontró cauce y salida en nuestras instituciones representativas; redactamos juntos la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción.”
Por su parte el Diputado Jesús Zambrano Grijalva, manifestó: “no podemos hacer oídos sordos ante esta exigencia ciudadana; debemos ser una generación y un país que le dé un vuelco definitivo a la corrupción: asumiendo nuestra responsabilidad con inteligencia y determinación y desterrando la impunidad que nos hace enorme daño como país y nos cuesta mucho como Nación.”
Asimismo, fueron significativas las palabras de Eduardo Bohórquez como representante de la sociedad civil en el contexto de reestructuración de la probidad pública, eficiencia administrativa y moralización social, destacó que “…aspiramos a un sistema que responda al hartazgo social, capaz de desmantelar las redes de corrupción que operan en todos los niveles de gobierno y en los poderes del Estado… la corrupción, es una herida abierta en el cuerpo social del País, que inhibe el acceso a la justicia y amenaza la seguridad pública…”
En esta perspectiva, el SNA apela a recuperar la confianza institucional con un espíritu de apertura, transparencia y ciudadanización del ejercicio del quehacer público; y a consolidar la calidad operativa del Estado, resignificando el valor de la función pública y su relación con el equilibrio y estabilidad social.
Los nuevos gobiernos no pueden convertir a los ciudadanos en damnificados políticos. La calidad y peso específico de su gestión, es consustancial a la concreción de la tarea pública, y radica en su capacidad de brindar oportunidades al tejido social, como principio de armonía e interacción del desarrollo humano.
Una función pública deficiente entorpece la gestión y las respuestas a la sociedad; obstruye el dinamismo de los sectores privados que ven vulneradas sus acciones de desarrollo; y genera costos y cargas económicas que disminuyen la rentabilidad de negocios y espacios de prosperidad.
La ineficiencia administrativa de la gestión pública, inocula el germen de la corrupción. Obstaculizar un trámite, es el caldo de cultivo para presionar, subvertir el orden y realizar la negociación tras bambalinas, donde el ciudadano acepta el contubernio, porque los trámites públicos son un verdadero viacrucis.
A la inversa, cuando hay un aparato público transparente y abierto, el quehacer público es altamente eficiente, el burocratismo administrativo disminuye y se generan efectos positivos de inteligencia institucional.
Al respecto, el desarrollo de sistemas virtuales en la gestión pública, amplían el horizonte de máxima visibilidad, impiden que se oculten datos y procesos que deben ser de dominio social y evitan la omisión e inacción que son formas veladas de corrupción.
Hoy que el consenso de servidores públicos, clase política, academia y sociedad civil estriba en que se deben refuncionalizar las instituciones gubernamentales. La promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción está precedida de una verdad histórica: el Estado no puede permitir el quebranto social de la corrupción, porque sus anomias destierran toda posibilidad de construir el futuro cierto de la Nación.
Agenda
- El INEGI decidió cambiar la metodología para medir la pobreza, argumentando un “sub-registro” de la información que suelen declarar los ciudadanos encuestados; sin embargo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cuestionó la decisión de INEGI, porque la nueva metodología impide comparar resultados con años anteriores.
- El Gobierno Federal convocó a la instalación de mesas de trabajo para llevar a cabo una deliberación libre, abierta y plural con la sociedad, incluida la CNTE, sobre el Nuevo Modelo Educativo Nacional y los planes y programas para los niveles de formación básica y media superior, con el fin de construir nuevos cauces que permitan elevar la calidad educativa y dar sustento, viabilidad y estabilidad al Sistema Educativo Nacional.
- Al inaugurar el bulevar de acceso al municipio de Villa de Tezontepec, el secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, Gerardo Ruiz Esparza, reconoció la visión, compromiso y trabajo que ha impulsado el mandatario José Francisco Olvera Ruiz a lo largo de su gestión.
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