Se esperaba más liderazgo, más empatía y una ruta más precisa para restaurar la credibilidad de la ciudadanía en la clase política mexicana, sin embargo, el decálogo anunciado la semana pasada por el Presidente Enrique Peña Nieto fue apenas un boceto de proyecto que requiere de más profundidad y precisión para que logre atajar la crisis que enfrenta actualmente el País. http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/mensaje-a-la-nacion-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-por-un-mexico-en-paz-con-justicia-y-desarrollo/
Algunas de las medidas repiten el patrón de centralización política que ha inspirado el diseño institucional y normativo de este sexenio. Se trata, en primer lugar, de la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales según la cual la federación puede asumir el control de los servicios municipales y contar con la facultad de disolver un ayuntamiento cuando existan indicios de cooperación con el crimen organizado. Esta medida no solo atenta con el diseño federalista del país, sino que abre la puerta a la arbitrariedad del capricho político y da por sentado el fracaso del municipio como primer orden de gobierno.
Lo mismo sucede con la iniciativa de crear policías estatales únicas, que aunque menciona medidas urgentes como la capacitación, profesionalización y re-dignificación salarial de las policías apunta a la recentralización como el punto clave de las soluciones.
Otras medidas requieren más desarrollo y profundidad, como lo son: el Consejo consultivo para la implementación de la reforma en derechos humanos, el sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas, el sistema nacional de información genética y la Ley General de Víctimas. Todas estas acciones tienen que estar cimentadas en un diagnóstico que revise los instrumentos ya existentes puesto que México es de los países en donde el gasto en instituciones especializadas en derechos humanos no corresponde a una gestión con la credibilidad y eficiencia esperadas.
Otras medidas parecen de carácter populista, como lo son el número de urgencia (¿quién confiaría en utilizarlo y para qué?) o el anuncio de más inversión en infraestructura. En este sentido, se esperaban acciones como limitar el fuero de los políticos, eliminar el conflicto de interés entre sector privado y gobiernos pero sobre todo asumir las enormes fallas que existen en los tres niveles de gobierno y en todos los partidos políticos para dar un viraje de timón.
El apoyo del Ejecutivo a la dignificación del salario mínimo y el anuncio de un sistema nacional anticorrupción es un buen principio ya que abren una ventana de oportunidad para lograr un cambio institucional que responda a lo que March y Olsen llaman la “lógica de lo apropiado”, es decir, a comportamientos por parte de los funcionarios y representantes que no respondan a un simple cálculo racional (en este caso electoral) sino que exista una congruencia entre el mandato y las responsabilidades asignadas y que además se puedan procesar las presiones sociales. El anuncio del acompañamiento y diálogo con la sociedad civil no debe de convertirse en un tema meramente retórico ya que para identificar las circunstancias cambiantes del entorno actual y lograr decisiones de política óptimas se requiere un diálogo nacional pero también una fuerte dosis de voluntad política.
