Jaqueline Sáenz, *

Frente a la grave crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos, la sociedad ha respondido mostrando su indignación en protestas, manifestaciones y otros espacios donde la voz de la ciudadanía se puede escuchar.

El 2014 ha sido un año convulsionado donde se han destapado las crisis que ya se venían gestando y que tienen su origen desde tiempo atrás ante la falta de medidas adecuadas del gobierno para resolver a fondo los múltiples problemas estructurales que aquejan el país.

Ahora en 2015, el gobierno no ha dado pasos firmes pues las acciones propuestas son inocuas, no atienden de raíz los problemas y no se les da el seguimiento adecuado para que sean operativas. Por ejemplo, en el decálogo de Peña Nieto presentado el 27 de noviembre pasado, en respuesta a los hechos del caso de Ayotzinapa, se habla más de seguridad que de derechos humanos sin brindar informes a la sociedad sobre los avances de las investigaciones. Las 180 recomendaciones que recibiera México en el Exámen periódico Universal por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dejaron claro que la violación de derechos humanos es un fenómeno común y como prueba está no solamente la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sino las más de 23,000 personas desaparecidas. La respuesta del gobierno ha sido no hacer de este tema un aspecto prioritario. Por el contrario, ha negado que existan estas violaciones y ha criticado a los organismos internacionales.

O qué decir de los ocho puntos para combatir la corrupción y el conflicto de interés dados a conocer el 3 de febrero de este año, en donde el mismo presidente designó a alguien cercano para que investigara el escándalo de la Casa Blanca. Los puntos no son nada nuevo, son los mismos que por algún motivo no se han podido implementar o cuando existen, como es el caso de las declaraciones patrimoniales, no logran ser un elemento de rendición de cuentas para la ciudadanía ni tampoco frenan los casos de enriquecimiento ilícito, corrupción o conflicto de interés. Qué decir del pendiente sistema anticorrupción que apenas va avanzando en el congreso después de que fuera una promesa de campaña desde hace casi tres años.

Los cambios cosméticos duran muy poco, eso se confirma en cada nuevo escándalo que surge a la luz pública como la salida de Carmen Aristegui y su equipo de MVS, o la batalla contra la opacidad en el contexto de la reforma a la Ley de Transparencia, también cuando surgen violaciones graves a los derechos humanos que nos indigne tanto como otras : Aguas Blancas, El Charco, Acteal, Atenco, la represión en Oaxaca de la APPO, los niños y niñas heridas o muertas en la Guardería ABC, los feminicidios, las ejecuciones arbitrarias en Tlatlaya, la desaparición de cientos de miles de personas o el caso Ayotzinapa y los 43 que también el próximo jueves estaremos recordando y exigiendo verdad y justicia.

Frente a esta realidad, un grupo amplio de organizaciones como Fundar y el Centro Prodh así como instituciones académicas han decidido generar un espacio para intervenir en la opinión pública. Este foro se llevará a cabo hoy en el Museo Memoria y Tolerancia con la participación de reconocidos expertos. Lo que se busca hacer es no sólo un diagnóstico y denuncia de la actual situación en México sino presentar propuestas que respondan a las necesidades de cambios profundos. Se trata de una agenda ciudadana de largo plazo que será presentada en la clausura del evento. El emplazamiento es directo a los distintos ámbitos de gobierno que tienen en sus manos la posibilidad de actuar con un proyecto amplio, incluyente y decidido para combatir esta crisis que parece no tener fin.

Si la sociedad responde, es ineludible que el gobierno actúe y tome en cuenta sus demandas, exigencias y propuestas.

Para participar visita el sitio: www.sociedadresponde.org.mx

* Coordinadora de Derechos Humanos de Fundar, organización integrante de la Red por la Rendición de Cuentas